Editorial

Que haya retenidos ilegalmente es una afrenta a la democracia

Que el Gobierno permita que tres personas sigan retenidas ilegalmente en poder de grupos armados criminales —en el caso de Edelio, 2.332 días; don Félix, 1.501 días y Óscar Denis, 74 días—, sin poder revertir la dramática situación, constituye una verdadera afrenta a la democracia, aparte de demostrar la ineficacia de los organismos de seguridad y del sistema de Justicia. Los tres poderes del Estado comparten la grave responsabilidad de no poder ofrecer un clima de paz, tranquilidad y estabilidad a los ciudadanos, necesario para garantizar el trabajo y el desarrollo, especialmente en la zona Norte del país, pero la principal culpa es del Ejecutivo. Mientras no se muestren resultados más concretos en la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta, la Fiscalía y el Poder Judicial, persistirá la duda de que realmente no se quiere acabar con el largo conflicto.

Tres ciudadanos siguen en poder del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otras bandas derivadas, sin que se sepa nada de su suerte. El policía Edelio Morínigo cumple hoy 2.332 días en cautiverio, el ganadero Félix Urbieta cumple 1.501 días y el ex vicepresidente de la República Óscar Denis cumple 74 días. En los casos de Edelio y don Félix, llevan los récords de los ciudadanos secuestrados por más tiempo por una banda criminal en la historia del Paraguay.

Que el Gobierno permita que tres personas sean privadas ilegalmente de su libertad por tanto tiempo, sin que se haga nada por revertir la situación, constituye una afrenta a la democracia.

Tal como lo ha señalado recientemente Beatriz Denis, la hija mayor de don Óscar: “Mientras tres paraguayos sigan cautivos, no podemos decir que exista libertad en Paraguay. Los tres son parte de un país que no debe dejar atrás a los suyos”.

La situación demuestra además la ineficacia de los organismos de seguridad y del sistema de Justicia. En 2013, el entonces presidente Horacio Cartes había logrado que el Congreso modifique la Ley Nº 1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, redefiniendo la defensa nacional “para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna”. Así se hizo posible la actuación militar en tareas de seguridad interna, por lo cual muchos juristas consideran inconstitucional esta ley.

En siete años desde su creación, a pesar de contar con millonarios recursos, la FTC no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creada. No ha capturado a los principales líderes del EPP ni ha desactivado al grupo armado criminal. Por el contrario, han surgido más bandas, como la Agrupación Campesina Armada (ACA), el Ejército del Mariscal López (EML) y la más reciente Brigada Indígena de Ajusticiamiento a Matones de Estancia.

Paralelamente, los responsables de la FTC han sido acusados de presuntos hechos de extorsión y recaudaciones ilegales, violaciones de derechos humanos contra la población civil, contenidos en informes de organismos estatales como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que no han sido investigados por la Fiscalía ni por el Poder Judicial, en una evidente actitud de complicidad.

Tampoco se ha dilucidado la posible participación de miembros de la FTC en un hecho de presunto intento de terrorismo de Estado, como el supuesto plan de introducir una bomba al campamento de la ACA, pero que explotó antes, en Cuero Fresco, Concepción, en noviembre de 2014, ocasión en que murieron el capitán Enrique Daniel Piñánez y el suboficial José Manuel González, tal como lo denunció ante la Justicia y el Congreso el fallecido general Herminio Piñánez.

Los tres poderes del Estado comparten la grave responsabilidad de no poder ofrecer un clima de paz, tranquilidad y estabilidad a los ciudadanos, necesario para garantizar el trabajo y el desarrollo, especialmente en la zona Norte del país, pero la principal culpa es del Ejecutivo.

Mientras no se muestren resultados concretos en la acción de la FTC, la Fiscalía y el Poder Judicial, persistirá la duda sobre si realmente se quiere acabar con el largo conflicto.

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