Hay miembros de la Corte Suprema de Justicia incapaces de leer lo que exige hoy la sociedad. Por eso se exponen a quedar en un incómodo offside, como sucedió hace unos días. El pleno estaba reunido para tratar la designación de un juez de Garantías de la Capital y, de paso, debatió sobre la próxima elección del nuevo defensor general. El ministro Ramírez Candia planteó que la votación sea en forma pública, para demostrar la independencia del Poder Judicial ante los rumores de un pacto político ya cocinado. Al momento de votar solo obtuvo el apoyo del ministro Eugenio Giménez. Toda la vieja guardia, más el recién asumido Alberto Martínez Simón, optó por mantener el voto escrito y secreto.
La reacción indignada de la gente en las redes sociales –ciudadanos que se sentían con el derecho de saber cómo votaban los máximos jueces de la República– habrá perforado las corazas del táper judicial. Alcanzó, al menos, al más criticado de ellos, Martínez Simón, quien se vio obligado a aclarar que apoyaría que la elección del defensor general sea pública.
La Corte debe elegir a uno de los tres ternados para ocupar el cargo en medio de rumores de un arreglo previo entre colorados y llanistas para favorecer a su candidata, Lorena Segovia –ex ministra de Justicia y Trabajo durante el gobierno de Federico Franco– o al juez de J. A. Saldívar, Leonardo Ledesma, con sanción ética en 2011 por haber asistido a una reunión proselitista colorada. El que obtuvo el mejor puntaje fue el camarista del fuero penal Pedro Mayor Martínez.
¿Cuál es el motivo por el que esa mayoría de magistrados se cree con el derecho de estar más allá de las normas que rigen en una República? ¿Por qué el Poder Legislativo y casi todas las instituciones del Ejecutivo están obligados a transparentar sus discusiones y decisiones y ellos no?
Sin embargo, su arrogante tozudez por el secretismo quedó en ridículo pocos días después, cuando Mario Abdo Benítez promulgó la ley que establece que sean públicas las sesiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Ministros. Este proyecto había sido presentado por el presidente unas semanas después de asumir. Las sesiones de estas instituciones deberán ser públicas, así como los motivos de los votos a los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial. Es un avance trascendente hacia el principio de control de los actos públicos y permitirá que los ciudadanos se enteren y participen de los procesos de selección y decisión.
La ley entra en vigencia ocho días después de su promulgación. La Corte elegirá al defensor general el próximo martes, antes que se cumpla ese plazo. Supongo que no se atreverán a aprovecharse de eso para votar en secreta opacidad. Pero como el termo que aísla al edificio de Astrea es impermeable, nunca se sabe.
