Los diferentes bonos que vencen con la entrada del mes de julio suman cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son Obligaciones Generales (GO’s).
Este tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, en la que se asegura que su cobro tiene prioridad ante cualquier otro gasto público en el que haya de incurrir la Administración puertorriqueña.
Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reiteró hoy desde Washington que no se podrá pagar el importe íntegro de los vencimientos, por lo que celebró la aprobación el miércoles de proyecto conocido como “Promesa” por parte del Legislativo de EE.UU.
A falta de su firma por parte del presidente de EE.UU., Barack Obama -que se espera tenga lugar en las próximas horas-, ese proyecto permite a la isla impulsar un proceso de reestructuración de la deuda pública, que asciende a unos 70.000 millones de dólares, y decretar una moratoria temporal en el pago de la deuda.
Sin embargo, al mismo tiempo exige el sometimiento del Gobierno a una junta federal de control fiscal, el compromiso de aprobar presupuestos equilibrados y realistas y financiar el fondo de pensiones públicas, que acumula un déficit de 40.000 millones de dólares.
La imposición de esa junta ha generado ya además una crisis política, porque supone la constatación de la falta de autonomía del Gobierno de Puerto Rico, que interpreta este requisito como un gesto colonial contrario al presupuesto de autogobierno incluido en el estatus de Estado Libre Asociado cuando este se diseñó hace ya seis décadas.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, sigue sin dejar claro qué importe se va a pagar, aunque en declaraciones a una emisora de radio local ha asegurado que la intención es pagar al menos parte de los intereses, pero no el principal (la parte correspondiente a la cuantía que se tomó prestada).
“Vamos a pagar el viernes, estamos preparando y documentando al gobernador para que tome la decisión”, ha dicho Zaragoza, para quien “es ‘issue’ (cuestión) de (saber) cuánto será el pago de los intereses”.
En ese sentido, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, Melba Acosta, explicó a Efe que solo en intereses de las Obligaciones Generales se tendrían que pagar unos 350 millones de dólares.
Sin embargo, la máxima responsable de la política financiera del Gobierno de Puerto Rico dijo desconocer cuántos de los 2.000 millones de dólares que vencen esta media noche son intereses y cuántos principal.
Zaragoza apuntó que la Hacienda de Puerto Rico dispone de cerca de 140 millones de dólares de gracias a la activación a comienzos de año de una cláusula de retención de ingreso de las corporaciones públicas para pagar parte de la deuda garantizada (lo que se conoce como “clawback”).
Concretamente, la activación de esa cláusula permitió desviar 280 millones de dólares, pero “la mitad de ese dinero se quedó en el BGF”, brazo financiero del Gobierno, y el resto “pudimos moverlo a la banca privada” y ahora está disponible.
Se espera que en la próximas horas la Fortaleza difunda una orden ejecutiva autorizando al Gobierno a dejar de pagar las GO’s y otras obligaciones de deuda, tal y como Acosta adelantó esta semana que se haría antes del viernes.
Previsiblemente esa medida declarará de nuevo un estado de emergencia fiscal en la isla y una moratoria en el pago de las obligaciones de duda.
Hasta el momento, el Gobierno de Puerto Rico ha incurrido en tres impagos de deuda: En agosto de 2015 no pagó 57 millones de dólares correspondiente a los bonos de la Corporación de Financiamiento Público, en enero pasado fueron 37 millones de la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y en mayo 400 millones del BGF.
