La investigación, desarrollada en 42 países, aconseja a los Gobiernos reconocer los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, con el objeto de detener la pérdida de biodiversidad y la deforestación descontrolada en países con bosques tropicales.
Revela, además, que las comunidades originarias y afrodescendientes administran y protegen al menos la mitad de la zona analizada en el estudio, suficiente para cubrir un área mayor a todo el continente africano, alrededor de 3.000 millones de hectáreas.
“A pesar de las contundentes pruebas de que los pueblos indígenas, comunidades locales y personas afrodescendientes protegen la mayor parte de la biodiversidad remanente en el mundo, están asediados por todos los frentes”, aseguró desde Washington Andy White de RRI, coautor de dos documentos técnicos presentados.
Las investigaciones, publicadas en Science, Nature y Proceedings of the National Academy of Sciences, respaldan los descubrimientos citados el año pasado por los paneles del clima y diversidad biológica de la ONU, que reconocieron el importante papel de las comunidades indígenas y locales en la conservación.
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José Gregorio Díaz, coordinador general de Coica, organización panamazónica con sede en Quito, reivindicó en la presentación virtual de la investigación, el papel de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad del planeta.
“Estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad mundial, y por eso es importante preservar al menos el 50% de todo nuestro planeta si realmente queremos tener la oportunidad de sobrevivir”, afirmó.
Un segundo estudio publicado por el RRI en el que se analizan 29 países identifica a una decena de ellos que están preparados para realizar inversiones significativas destinadas a reformar la tenencia de la tierra a nivel nacional.
En el continente americano los autores mencionan a Colombia, Guyana, México y Perú, mientras que en África se identificaron a Burkina Faso, República Democrática del Congo, y en Asia a Indonesia, India y Nepal.
De acuerdo con los autores, esos países están capacitados para tomar acciones para secundar el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de comunidades indígenas, y recomiendan que se canalice a través de organizaciones locales o aliados de la sociedad civil.
