El polémico proyecto de ley, que fue postergado de manera indefinida en varias ocasiones, presenta modificaciones. Se trata de un régimen que permite la enajenación de bienes que ingresen a territorio no aduanero, para su posterior venta en comercios habilitados en ciudades fronterizas. Estos actuarán como depósitos aduaneros privados comerciales y no pagarán aranceles aduaneros, impuesto selectivo al consumo (ISC) e impuesto al valor agregado (IVA).
Según su proyectista, la senadora Georgia Arrúa no se pretende crean un nuevo régimen, ya que el régimen de turismo comercial existe hace años, regido por decreto y no por ley.
“El proyecto se presenta para dar mayor previsibilidad y estabilidad a este tipo de comercio. No es verdad que eludan controles sanitarios o violen derechos marcarios, quien importa por este régimen se debe someter a los controles y restricciones de INAN y Dinavisa, que están incluidos en el art. 10 del proyecto”, explicó.
De acuerdo con la congresista, la propuesta también introduce tecnología para el control de las mercaderías comercializadas bajo este régimen, debe usarse factura electrónica, lo que permite transparencia, trazabilidad y formalización. Agregó que con este sistema no se necesitarán controles aduaneros internos, pero sí controles aleatorios.
“Los comercios de las ciudades fronterizas que se dedican al régimen de turismo comercial necesitan recuperar su competitividad para sobrevivir, son muchos los negocios cerrados porque no pueden soportar la competencia que ahora tienen desde los países vecinos que modificaron sus leyes para dar mayor ventaja a sus comercios, mientras nosotros nada hacemos”, afirmó.
Sin embargo, gremios de la producción, industriales y de comercio piden el rechazo a la normativa bajo el argumento que se trata de un proyecto que atenta contra el principio de igualdad y al hacer distinciones entre contribuyentes.
Asimismo, sostienen que el proyecto plantea una nueva perforación en las arcas públicas, lo que a su vez repercutirá en una suba de impuestos.
