El plan pretende desalentar la instalación de criptominerías ilegales, modificando el artículo 173 del Código Penal, criminalizando el robo de la energía eléctrica, y estableciendo que la ANDE podrá solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados, siendo beneficiaria de lo recaudado con el comiso, como medida para fortalecer a la institución.
Solamente este año, la ANDE realizó 19 intervenciones de gran magnitud, que representan más de 56 MW de potencia desconectada. Argumentan que los operativos muestran la existencia de muchas conexiones directas, y la necesidad de una herramienta legal para castigar a los responsables del robo de energía eléctrica, que representan un perjuicio de entre USD 50 y 60 millones al año.
Es más, el año pasado la administración eléctrica intervino 33 criptominerías ilegales, llegando entre 2023 y 2024 a un total de 52 instalaciones, las que representan 116 MW de potencia desconectada. “Al no existir el 100% de la incautación, entonces normalmente lo que ellos hacen es que se interviene en un lugar y si no se incautan las máquinas, se mudan y se van a otro lugar”, señaló Sosa.
