Con la excusa de que actualmente no existe una ley que permita a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial intervenir y sancionar debidamente algunas situaciones graves, como los casos de personas vacunadas irregularmente contra el Covid-19 o el tráfico de medicamentos esenciales para los pacientes de esta enfermedad que se vende a precios muy elevados en el mercado negro, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso un nuevo proyecto de ley, que busca reformar la legislación ya existente sobre la emergencia sanitaria.
Esta nueva propuesta, que el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, entregó el martes al titular del Congreso, senador Óscar Salomón, contiene sin embargo algunos puntos que pueden considerarse peligrosos para la vigencia del sistema democrático, ya que restringen libertades ciudadanas básicas e imponen penalizaciones severas, adoptadas por jueces sumariantes que “no podrán ser recusados en ningún caso”, intentando avasallar un principio universal consagrado en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el de poder recusar a una autoridad judicial que no merezca suficiente confianza de imparcialidad.
De igual manera, el proyecto legislativo crea nuevas instancias de autoridad no contempladas en el sistema vigente, como una Junta de Emergencia Sanitaria, y confiere la posibilidad de definir determinados delitos de modo subjetivo, como la de determinar qué situaciones se considerarían “aglomeraciones peligrosas” ante la pandemia de Covid-19, imponiendo arbitrariamente multas o penas carcelarias ante los casos.
Otorgar un instrumento jurídico en un contexto de fácil corrupción o de vulnerabilidad ante los poderes políticos por parte de las autoridades judiciales, fiscales o policiales, expone a los ciudadanos a situaciones abusivas, sin muchas defensas. El reciente caso de una familia que fue víctima de brutalidad por parte de policías de Ñemby al ser detenidos en una barrera es un ejemplo de lo que puede significar otorgarles un instrumento jurídico que otorgue aun mayor impunidad en los procedimientos represivos.
Probablemente haga falta otorgar una base jurídica más elaborada para enfrentar los delitos que se cometen actualmente en el contexto de la pandemia y de los procesos de vacunación, pero hay que impedir que detrás de esta excusa se impongan elementos que favorezcan a los nostálgicos de la dictadura. Por ello, hay que analizar y debatir concienzudamente el proyecto, evitando dar elementos jurídicos riesgosos para la democracia a quienes tienen vocación totalitaria.
Además, la falta de castigo no ocurre por falta de leyes, sino por falta de voluntad, o por abierta complicidad con los corruptos. El mejor ejemplo es lo que viene ocurriendo con los casos de intentos de estafas en las compras de insumos y equipos médicos por parte del Ministerio de Salud, desde inicios de la pandemia. A pesar de las evidencias concretas, ni los estafadores identificados, ni los funcionarios involucrados, han recibido sanciones por parte de la Justicia.
Más que aumentar elementos jurídicos represivos, el Gobierno debe conseguir más vacunas y mejorar la atención de salud para superar la crisis.