Este es uno de los argumentos de la citada Comisión al justificar la propuesta de modificación del artículo 42 de la Ley 1335 que establece que la función consular “está reservada a los funcionarios del servicio diplomático y consular”.
Sin embargo, durante el gobierno anterior a enero de 2018 ya se contabilizaban 18 cónsules políticos, frente a los 48 cónsules diplomáticos. El canciller de entonces, Eladio Loizaga, los minimizaba bajo el argumento de que el presidente tiene la potestad constitucional de hacer esos nombramientos. Según el Sindicato de Funcionarios en la práctica en el área consular ese tipo de nombramientos ronda el 40% en el servicio consular, por lo que el proyecto que apoya la organización y que es promovido por un grupo de senadores, solo busca regularizar lo que se da de hecho. La modificación que plantean es que el Ejecutivo podrá designar como cónsules, además de los funcionarios que ocupen dicha categoría en el escalafón, a personas ajenas a este, y que tales designaciones no podrán exceder el 50% del total de los cónsules en el servicio exterior.