El legislador plantea que la corrupción esté en el mismo nivel del homicidio, abuso y narcotráfico. “Tiene que tener el estatus del crimen”, aseguró el legislador.
El documento será estudiado en el transcurso de la semana.
El proyecto se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.
En la exposición de motivos se explica que se trata de un aumento en los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, aumento de la pena en los tipos base de los delitos de corrupción pública o cometidos por funcionarios públicos en general, y también en la base para la medición de las penas a tales delitos.
Integra, por otro lado, el Código Penal como tronco regulatorio principal del Derecho Punitivo del Estado, los tipos penales cometidos por funcionarios públicos contra el Estado y la sociedad, con especialidad principal de los delitos de enriquecimiento ilícito en la función pública y el delito de tráfico de influencias en la función pública o con la función pública.
“Buscamos aumentar el marco penal, y buscamos desalentar la comisión de hechos de corrupción; esto tendría aplicación para todos los ordenadores de gastos, intendentes, gobernadores, ministros, funcionarios que utilicen su cargo para beneficiarse de alguna manera de los recursos estatales”, refiere el legislador.
Destacó que se trata de una clara señal institucional del Congreso de la República con el fin de buscar la preservación del pacto social, la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.
Citó como ejemplo que hace unos días prescribió una causa donde había una denuncia de desvío de fondos de casi G. 10.000 millones. La jueza Lici Sánchez decretó de oficio la prescripción de la causa que juzga por supuesta lesión de confianza a 12 personas por un supuesto perjuicio a la Entidad Binacional Yacyretá de G. 9.860.000.000
“Cuando pasa el tiempo, llega el plazo que está establecido para la prescripción, muere la causa, y el sinvergüenza bandido se queda con toda esa plata que robó, y encima tiene la posibilidad nuevamente de ocupar algún cargo público a través del padrinazgo político”, indicó.
Resaltó que el proyecto es importante porque más allá de que exista connivencia con un corrupto que está siendo procesado de corrupción, chicanas en complicidad con el sistema de justicia, si se aprueban las modificaciones, pueden pasar 15 años y no va a prescribir la causa.
“No va a prescribir hasta que algún día llegue un juez y un fiscal con coraje, que hagan realmente lo que tienen que hacer, que cumplan con su obligación y va a ser condenado tarde o temprano”, explicó.
Recordó que la defensa del ex gobernador de presidente Hayes Óscar Núñez pidió la nulidad de la sentencia por la prescripción de los hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. “Van chicaneando, hay complicidad con el sistema judicial, así pasan los años y prescribe la causa”, resaltó. Mencionó que “es muy fácil para el corrupto que roba G. 10.000 millones, comprar al sistema por G. 5.000, presribe y él se queda con la mitad de lo robado”.
