Multas de hasta 7 millones de guaraníes, suspensión en el ejercicio de la profesión por 6 meses, hasta la pérdida de los honorarios, son algunas de las normas que tiene el proyecto de ley antichicanas, presentado por el ministro Alberto Martínez Simón.
El ministro señaló que fue elaborado por un grupo de magistrados, entre los que se encontraban, además de él, los camaristas Pedro Mayor Martínez y Mercedes Boungermini.
Indicó que en la sesión anterior, de la Corte, distribuyeron el proyecto que será tratado en el pleno la próxima semana, para ver si precisa o no modificaciones. En caso de aprobarse, se remitirá al Congreso como iniciativa legislativa.
Martínez Simón refirió que se busca un nuevo régimen unificado de recusaciones en los distintos fueros de la justicia, incluidos los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los principales puntos, tenemos que limita la recusación solo a las partes originarias, con lo que los terceros, tales como adquirentes en subastas, tercerías, peritos, testigos y casos similares, no puedan recusar al magistrado.
Además, prohíbe que los magistrados que deben resolver la recusación al juez sean recusados, y también los recursos contra estas resoluciones. En caso de ser recusados, estos pedidos deberán ser rechazados de oficio.
También da un derecho a recusar por un plazo de 2 días hábiles tras haber sido notificados, o en la audiencia señalada como primer acto procesal, en cualquiera de las instancias.
Prevé los rechazos in límine (sin estudiar el fondo de la cuestión).
MULTAS. El proyecto aplica una multa de hasta 100 jornales (G. 7.041.873) para las recusaciones declaradas extemporáneas o inadmisibles.
Además, prevé multas de hasta 50 jornales (G. 3.520.937), para recusaciones manifiestamente improcedentes, tanto a las partes como al abogado patrocinante.
Igualmente, estipula sanciones de suspensión en el ejercicio de la profesión por 6 meses, para los que abogados con dos recusaciones rechazadas en el año.
Incluso, prevé la pérdida del 50 % de los honorarios, si tienen dos recusaciones perdidas en el mismo juicio y en el año judicial.
Con respecto a las excusaciones, en todos los casos, los jueces deberán apartarse por auto interlocutorio donde deberán explicar la causal que invoca, aun cuando se trata de motivos de decoro y delicadeza.
Esto también se aplicará a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que por lo general, no invocan motivos.
Prevé también recusaciones a los agentes fiscales
El proyecto de ley también abarca las recusaciones e inhibiciones de los agentes del Ministerio Público. Cita como motivos, la parentesco (cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción o segundo de afinidad), a más de amigos íntimos o enemigos.
Las recusaciones a fiscales, según el proyecto, serán resueltas en 3 días por los fiscales adjuntos, mientras que la recusación a éste último, será resuelta por el fiscal general del Estado.
En caso de que sea el fiscal Ggeneral el recusado, lo resolverá la Corte.
En todos los casos, el fiscal recusado seguirá en la causa hasta que se resuelva la recusación en su contra, según refiere.
