18 abr. 2024

Proyectan una ley sobre el uso del cannabis mirando modelo uruguayo

Se instaló la mesa de trabajo interinstitucional público-privado encargada de elaborar una propuesta de normativa sobre el uso y comercio del cannabis medicinal en el Paraguay.

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A la futura normativa sobre el cannabis medicinal en España le falta un trámite parlamentario.

Foto: Pixabay.

Con la participación de varios referentes internacionales, principalmente del Uruguay, así como representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y de organismos públicos, se realizó el pasado martes la primera conferencia internacional sobre el cannabis industrial.

Allí se conformó la mesa de trabajo interinstitucional público-privado, encargada de elaborar una propuesta de normativa sobre el uso y comercio del cannabis medicinal en el Paraguay, en un plazo no mayor a 60 días.

Dicha mesa realizó su primera reunión este miércoles, y el modelo normativo uruguayo es considerado un ejemplo del cual se podría tomar la experiencia vivida y adaptarla a la realidad paraguaya, según se mencionó desde los sectores locales, y desarrollaron especialistas del país vecino.

La legislación uruguaya establece el control y registro por parte del Estado para el uso y comercialización del cannabis, y permite la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo, cuando estén destinados para consumo personal o compartido en el hogar, con un máximo de 6 plantas y de 480 gramos recolectados anualmente, entre otros puntos.

PROPUESTA PARAGUAYA. Las organizaciones ciudadanas, como Mamá Cultiva y Granja Madre, cuestionan la falta de aplicación de la legislación vigente en Paraguay con la Ley 6007/2017 “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados”.

Debido a esto, dichas organizaciones, así como otras, plantean el diseño de una nueva ley más amplia, lo cual también es respaldado por legisladores de diversos partidos políticos.

“Lo que pretendemos es adecuar la ley a nuestra realidad y pretensión, de tal manera que no existan filtraciones o problemas legislativos”, indicó el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, quien dirigió la reunión del pasado miércoles.

Dijo que se analizará un ordenamiento reglamentario, para posteriormente establecer una figura gubernamental controlada por parte del Estado, con el propósito de fortalecer las industrias y a partir de eso introducir mano de obra legal para las familias campesinas.

REFERENTES. Entre los expositores internacionales que participaron en la conferencia internacional y la mesa de trabajo estuvieron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Sergio Vázquez; la ingeniera agrónoma uruguaya Pilar Milesi, asesora de la Comisión Interinstitucional de Cáñamo Industrial (Coinca) y de la Cooperativa Agronorte; Mercedes Ponce León, empresaria pionera y referente del sector privado en Uruguay; el consultor Augusto Vitale, primer director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis en Uruguay; y Francisney Nascimento, PHD en Farmacología, investigador en jefe de la Universidad Unila de Brasil.

ASPECTOS DEL MARCO LEGAL URUGUAYO SOBRE EL CANNABIS (LEY N° 19172 DE 20/12/2013)

El Estado asume el control y regulación de la importación, exportación, plantación, producción, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados, o cáñamo, a través de instituciones a las que otorgue mandato legal.

Permite, como excepciones, la plantación y cultivo de cannabis con fines de investigación o para la elaboración de productos terapéuticos de utilización médica, con autorización previa del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), quedando bajo su control.

La plantación, el cultivo, la cosecha, la industrialización y expendio de cannabis psicoactivo con otros fines, siempre que se realice en el marco de la legislación vigente y con autorización previa del IRCCA, quedando bajo su control directo.

La plantación, el cultivo, la cosecha, la industrialización y comercialización del cannabis de uso no psicoactivo (cáñamo); las plantaciones o cultivos deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y quedarán bajo su control directo.

La plantación, el cultivo, la cosecha, el acopio para fines de investigación, así como la industrialización para uso farmacéutico, en el marco de la normativa vigente, debiendo contar con autorización previa del IRCCA, quedando bajo su control directo.

La plantación, el cultivo y la cosecha domésticos de plantas de cannabis de efecto psicoactivo, cuando estén destinados para consumo personal o compartido en el hogar, con un máximo de 6 plantas y de 480 gramos recolectados anualmente.

La plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de cannabis de efecto psicoactivo, cuando se realice por clubes de membresía, que serán controlados por el IRCCA. Estos clubes deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo, tener un mínimo de 15 y un máximo de 45 socios. Podrán plantar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener de la recolección un máximo de acopio anual proporcional al número de socios.

Para el expendio de cannabis psicoactivo, el IRCCA otorga licencias a las farmacias. Para consumo personal, se requiere registro, y no se pueden superar los 40 gramos mensuales. El expendio para uso medicinal requiere receta médica.

Las Asociaciones de Pacientes de Cannabis Medicinal deberán tener un mínimo de 15 socios y un máximo de 100. Deberán contar con un médico tratante y un químico farmacéutico.

Ley paraguaya es letra muerta, señalan

La organización Mamá Cultiva denunció que la ley sobre el uso de cannabis medicinal en Paraguay, promulgada en el 2017, es letra muerta, ya que no se cumplen varios de los puntos establecidos. Cynthia Farina, presidenta de la organización, dijo que la Ley 6007/2017 “Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados” está en la nada absoluta por la falta de voluntad política del Gobierno, ya que hasta ahora no existe ninguna investigación científica promovida desde el Estado, y hasta el momento figuran registrados apenas tres profesionales médicos tratantes y 40 pacientes.

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