Las protestas llevaron al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país –incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país– hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para el control del orden público y frenar los actos de vandalismo. Los choques de ayer se concentraron en las regiones La Libertad y Arequipa, con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.
En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden.
Los disturbios se cobraron 45 vidas –44 civiles y un policía– desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso –controlado por la derecha– que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción. Fue reemplazado por Boluarte, quien fungía como vicepresidenta, pero es vista como traidora por los manifestantes.
En Cusco, el servicio ferroviario a la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano, seguía sin reanudarse el viernes en el contexto de las protestas, mientras que el aeropuerto de Cusco reinició sus operaciones. AFP