El diputado Celso Kennedy explicó que esta bancada, integrada además por Pastor Vera, Roya Torres, Andrés Rojas, Esmérita Sánchez y Carlos Silva, ya había expuesto la idea a principios del periodo legislativo, pero posteriormente entró en estudio el proyecto de recorte de gastos superfluos del senador colorado Sergio Godoy, y decidieron suspender la presentación.
Esta norma, ya sancionada, pone como tope salarial la remuneración del presidente de la República, de G. 37 millones, pero excluye a las binacionales, como modificación añadida en Cámara Baja, con el argumento de que no se rigen por leyes nacionales, sino por tratados.
“Con un proyecto de ley, trataremos de remediar la injusticia social del Paraguay. Impuesto al salario, base imponible salario elevado en la función pública y binacionales. No hay excusa para hablar de inconstitucionalidad. Para redistribuir el erario expropiado”, expresó Kennedy.
El legislador señaló que como el proyecto Godoy, que calificó de haber sido prometedor, ya tiene un desenlace, y no se logró afectar a Itaipú y Yacyretá, presentarán esta nueva norma.
Se trata de aplicar impuestos a los salarios más altos del Estado, sobre todo, a las binacionales.
“Para que no sea inconstitucional, sería bueno afectarlos por la vía de los impuestos”, aclaró.
Manifestó que en otros países también se aplican impuestos al salario, y decidieron recurrir a esta herramienta por la dificultad que implica establecer un gravamen, ya que se impone a unos por encima de otros sectores, pero cuando se trata de los ingresos, es más justo.
Indicó que se nombra específicamente a las binacionales porque usualmente se salvan de perder beneficios alegando no ser funcionarios, por regirse por el tratado.
Kennedy detalló que todavía no fueron definidos todos los puntos del proyecto, pero la idea es hacer consultas jurídicas y luego establecer un porcentaje de impuesto para quienes perciben de 10 a 15 salarios mínimos y otro para quienes cobran de 15 a 20.
“El objetivo es frenar un poco el gasto del Estado porque siempre hay quienes reclaman aumento de salario constantemente como sucede en el Poder Judicial. Entonces esto haría que el salario se devuelva al Estado”, añadió.
El parlamentario apuntó que si bien los trabajadores públicos pagan el impuesto a la renta personal (IRP), la idea es crear un impuesto menos deductible.
“El IRP es de acuerdo con la contabilidad, es decir, deduciendo gastos, y el impuesto al salario debería ser con poca deductibilidad, y además de eso sería de aplicación fácil”, sostuvo.
Como agentes de retención mencionó al Ministerio de Hacienda, las municipalidades, y en el caso de las binacionales sería a través de un formulario.
“No se puede decir que es inconstitucional pagar un impuesto”, resaltó.
El legislador adelantó que en la redacción será determinada si la recaudación será puesta a libre disponibilidad del Estado o será orientada a un sector, como por ejemplo salud y educación.
Concluyó que no es justo seguir endeudando al Estado y que este nuevo impuesto sería muy positivo para evitar más préstamos.
Recordó que la falta de terapia intensiva, por citar, viene desde antes de la pandemia.
106.871.738 guaraníes es el salario del director general de la Itaipú, en tanto que el de Yacyretá percibe G. 90.260.153.
