Opinión

Prohibido quejarse

Fernando Boccia Torres–fernando-boccia@uhora.com.py

Nelson Maciel tiene 17 años y hoy enfrenta cuatro querellas, amenazas de muerte y la posibilidad de terminar preso o con una millonaria multa. Todo por organizarse, protestar y exigir transparencia a los políticos de su comunidad, Mayor Otaño, Departamento de Itapúa.

Hace semanas que pobladores de esta localidad de menos de 20 mil habitantes están protestando contra el intendente, Pedro Rubio Chávez, acusándolo de falta de transparencia y corrupción. Los adherentes del jefe comunal fueron claros y contundentes en su respuesta: No solo van a las protestas a golpear a manifestantes y políticos opositores, sino también los visitan en sus casas y acometen lo que ellos llaman “escraches”. Atropellan los domicilios, arrojan huevos, agreden a los presentes, rompen puertas o ventanas. Y como en gran medida las manifestaciones contra el intendente –quien por cierto es un colorado cartista– son lideradas por estudiantes secundarios, también apuntan sus ataques a aquellos adolescentes que osan levantar su voz. El problema es que, justamente, son adolescentes y por ende, son rebeldes y no se callan.

Así Nelson Maciel se metió en problemas. Es el presidente del centro de estudiantes de su colegio y hace semanas se convirtió en quizás el mayor dolor de cabeza del intendente. Es fácil entender por qué: Lideró una protesta de estudiantes de diversas instituciones educativas en contra de Chávez. Los videos de la manifestación son elocuentes: Nelson, con un micrófono en mano y rodeado por sus compañeros, está cara a cara con el intendente y le exige que responda por sobrefacturaciones, falta de infraestructura en los colegios, obras que nunca concluyen y fondos presuntamente malversados. El disgusto del político es evidente, al punto que un funcionario municipal sale en su defensa y es abucheado por los estudiantes, algunos de ellos armados con carpetas de documentos para refutar las justificaciones del jefe comunal.

El dirigente estudiantil terminó querellado por difamación, calumnia e injuria por el intendente, un presidente de seccional y dos concejales municipales. A la par, el intendente también decidió querellar a un cura párroco por tratarlo de corrupto. Otro blanco de los ataques fue una concejala opositora y propietaria de una emisora radial que da espacio a las denuncias contra Chávez. Una turba de militantes oficialistas atropelló la radio, rompió una puerta y agredió a una mujer embarazada.

El principal reclamo contra el intendente es por presuntos manejos turbios en el uso del dinero del Fonacide, una situación que se repite en casi todo el país. Hoy ya hay estudiantes movilizados en varias ciudades, exigiendo conocer en qué los políticos locales gastan esa olla sin fondo llamada Fonacide, especialmente a un año de las próximas elecciones municipales.

El amedrentamiento que sufren Nelson, sus compañeros y todos los que se oponen al intendente en Mayor Otaño es un evidente atentado a la libertad de expresión y a la libertad de manifestarse. Quizás lo más preocupante es que no haya una reacción rápida y concreta del Gobierno, de por lo menos proteger a estas personas, que no solo ya recibieron agresiones físicas, sino también amenazas de muerte.

Hasta ahora son solo las organizaciones civiles las que realmente acompañan a Nelson en su lucha por mayor transparencia. El silencio e indiferencia del Gobierno es, por lo menos, coherente: Hace unos días vimos como referentes del Poder Ejecutivo esparcían irresponsablemente teorías conspiratorias, acusaban a movimientos sociales de estar infiltrados por el crimen organizado y de buscar un mártir. Todo esto sin la más mínima prueba.

A 30 años de democracia, el derecho a la manifestación pacífica y a peticionar a las autoridades siguen en peligro por el actuar de funcionarios del Estado que aún no entienden que el disenso, la transparencia y el debate son esenciales para alcanzar una democracia plena.

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