Aseguran que dan por seguro que el Indi apelará la sentencia de la jueza Julia Alonso y aclaran que la reserva de G. 4.000 millones que solicitaron como PGR es para el pago de las costas o gastos judiciales, que incluyen notificaciones, regulación de honorarios del perito, constitución del juzgado, honorarios profesionales de los abogados. Es lo que pidió la Procuraduría en su momento, explicó un funcionario que pidió no ser identificado. Se trata de 4.000 millones de la cuenta judicial de pago por consignación que se abrió en otro juicio promovido por el Indi, en vistas de que las firmas propietarias se negaban a percibir la suma estipulada sobre una tasación de las tierras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
“No es que esa reserva se va a descontar del monto pagado a las empresas, sino es dinero que queda en la cuenta, para que ellas afronten los gastos del juicio, si pierden”, explicó el abogado de la PGR. Insistió en que el monto no se va a descontar de la indemnización.