La presentación la hicieron el procurador general Rodolfo Barrios, el asesor jurídico de la Presidencia, César Trapani, y Hernán Huttemann, secretario general de la Presidencia.
Los accionantes piden que sea el pleno de la Corte el que dicte una resolución contra las resoluciones de primera y segunda instancias que les fueron desfavorables.
Específicamente, ataca de inconstitucional la sentencia del 1 de marzo de este año, dictada por el juez Guillermo Riveros Florentín, que condenó al Estado paraguayo a pagar USD 39.400.392.
La acción también va en contra del Acuerdo y Sentencia 61, del 8 de agosto pasado, dictado por los camaristas Linneo Ynsfrán, Guillermo Zillich y Juan Carlos Paredes, que ratificaron la resolución del juez. Al monto se suman los intereses y las costas del juicio en ambas instancias.
El juicio contra el Estado lo inició Joel Holden Filártiga Ferreira, pero luego cedió los derechos en forma gratuita –según el procurador– a Jorge Nicanor Galeano y Gregorio Daniel Acosta Talavera, quienes fueron los que siguieron y ganaron la demanda.
Según el procurador, tras el crimen de Joel Filártiga en 1976, los padres se radicaron en los Estados Unidos, donde también estaba Américo Peña, quien fue sindicado por los mismos como el autor de la muerte de Joelito, por lo que lo demandaron en aquel país.
En el Paraguay, por su parte, fue condenado Hugo Duarte Arredondo, quien incluso confesó supuestamente el crimen que fue tildado como pasional, aunque en el cuerpo hubiera rastros de torturas.
La condena en EEUU no fue contra el Estado Paraguayo, que ni siquiera fue notificado, sino contra Peña, dijo Barrios. Este fallo fue presentado aquí y se planteó un juicio por indemnización por daños y perjuicios. Ahora, se pide la nulidad.