El proceso de recuperación de tierras malhabidas en Paraguay no tuvo resultados positivos y las instituciones, por falencias, obraron en los últimos años en favor de los propietarios irregulares y en detrimento del campesinado, que aguarda hasta hoy esos inmuebles para la prometida reforma agraria.
La Procuraduría General de la República nunca se destacó en su trabajo y perdió casi todos los juicios generando gran gasto para el Estado. El actual procurador, Sergio Coscia, hasta ahora no contempla acciones para marcar la diferencia.
Las tierras mal adjudicadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) son en total 1.507.535 hectáreas en la Región Oriental y 6.298.834 hectáreas en la Región Occidental, según el informe de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), habló de un total de alrededor de 7 millones de hectáreas. Pero el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que casi un millón de hectáreas, constituidas en asentamientos campesinos, fueron ilegalmente ocupadas por personas no sujetas a la reforma agraria, entre 1989 y 2003. Por tanto, en total, existen 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas.
La oenegé Oxfam calculó que casi 600.000 personas fueron expulsadas del campo a causa de la concentración de tierras durante 10 años.
Desde 2015, el Indert generó un sistema para la recuperación de las nuevas tierras malhabidas, el Sistema de Información de Recurso de la Tierra (SIRT), también sin motivo de celebración.
El total de tierras mal adjudicadas a políticos, empresarios, militares y funcionarios, es cuatro veces mayor que lo que se entregó a los agricultores, estimó Oxfam.
Igualmente, medio millón de hectáreas en la Región Oriental obtuvieron los campesinos, luchando contra colonos brasileños, pese a que estos no califican dentro del parámetro de Unidad Básica de Economía Familiar (UBEF). Más del 91% de las fincas ocupan solo el 6% de la tierra agrícola.
LOS FRACASOS. Alrededor de 30 es el total de demandas encaradas por la Procuraduría, de las cuales 10 el Poder Judicial resolvió en favor de latifundistas. En 2014, el procurador Roberto Moreno había anunciado que se perderían todas las demandas porque todo se había hecho mal y esto representaría un costo muy elevado para el Estado en concepto de honorarios de abogados. También acusó a la Justicia de trabar y blanquear. La única propiedad recuperada fue la mansión de Stroessner en Asunción.
“En el Poder Judicial están durmiendo carpetas de 9 millones de hectáreas de tierras malhabidas”, había apuntado el ex presidente del Indert, Eugenio Alonso Massare.
A los campesinos solo les fueron entregadas 11.000 hectáreas de tierras fiscales explotadas por personas extrañas a la reforma agraria, dato informado por el ex presidente del Indert Justo Cárdenas, sin avance posterior.
Proyecto. En época de Moreno, en 2014, también se planteó un proyecto de ley para crear la carta orgánica de la Procuraduría de modo que se puedan regular honorarios de abogados estatales, ya que los gastos sumaban G. 1 billón, hasta ese momento.
Los nombres. Entre los más grandes poseedores de las tierras malhabidas, según Verdad y Justicia, se encuentran el ex presidente Alfredo Stroessner, el general Andrés Rodríguez, Blas N. Riquelme, Humberto Domínguez Dibb, Julio Domínguez, Conrado Pappalardo, Luis María Zubizarreta, José Alberto Planás y Lucio Vergara.
La familia Abdo Benítez también fue beneficiada con tierras malhabidas.
En total, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido destinados con graves irregularidades de la legislación agraria, durante la dictadura, lo que aumentó posteriormente.
Promesa. Este año, con el actual procurador, Sergio Coscia, se realizó una reunión acompañada de la ex ministra de la Senabico, Carolina Llanes, y el ex presidente del Indert, Horacio Torres, donde se habló de la promesa de recuperar las tierras malhabidas para la reforma agraria a líderes campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). Se acordó entregar informes referentes a la lista de inmuebles que dispone el Estado paraguayo, detallando cuáles son los que cumplen con los requisitos para la reforma agraria.
Las cifras
8.000.000 de hectáreas son tierras malhabidas, cifra cuatro veces mayor a la que recibieron los campesinos.
600.000 aproximadamente es el número de personas expulsadas del campo por problemas de tierras.