Por Raúl Ramírez Bogado
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El procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez, es abogado en una demanda de casi 2 millones de dólares contra la Itaipú Binacional, por cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.
El abogado del Estado, como se conoce normalmente al que ejerce el cargo de procurador, asumió el 15 de agosto del 2013, pero el 25 de julio del 2014, a casi un año, seguía siendo notificado en la citada acción.
Es que, aunque ya no presentó escritos en el proceso, no renunció al mandato que le confirió la firma Benito Roggio e Hijos SA, donde su padre José Antonio Moreno Ruffinelli es director titular.
El caso, actualmente, es tramitado ante el juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno, Hugo Becker, y dentro de poco se darán los alegatos finales para luego entrar a la etapa de sentencia.
LA ACCIÓN. La demanda fue promovida el 12 de diciembre del 2012, contra la Itaipú Binacional, en donde se reclama el cumplimiento del contrato y el cobro de guaraníes.
En total, se pide la suma de G. 9.224.176.645 (unos USD 1.962.591), más los intereses, gastos y costas, según el escrito firmado por el ahora procurador Roberto Moreno Rodríguez.
La acción señala que la firma Benito Roggio e Hijos SA fue adjudicada para los servicios y obras de accesos y terraplenados para la construcción de la subestación de Villa Hayes, con un presupuesto total para las obras de G. 31.313.897.449, en un plazo de 12 meses.
El contrato, con tres anexos, fue firmado el 18 de junio del 2010, y tuvo un aditivo donde se ampliaba el plazo.
En la demanda, la firma constructora solicita pago de trabajos realizados, reajustes, más la retención del IVA, en forma supuestamente indebida por la Itaipú.
parcial. En su contestación, la Itaipú Binacional se allanó parcialmente a la demanda, donde señala que corresponde pagar a la firma la suma de G. 2.664.699.039.
Al mismo tiempo, también requiere que se abra una cuenta corriente bancaria a favor de la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde depositó G. 3.274.646.938, en concepto de IVA.
El problema contractual surgió a raíz del pago del IVA, que Roggio e Hijos dice que no tiene que pagar, mientras que la Itaipú alega que se debe abonar porque las obras son a favor de la ANDE.
Si la Itaipú pierde la demanda, se deberán intereses por el monto, que deben correr desde el mes de diciembre del 2012, cuando se planteó la acción civil. El monto es mucho más elevado que las famosas “croquetas de oro”.
El juicio sigue su curso, y ya se solicitó el cierre del periodo probatorio. Es decir, que ya se produjeron todas las pruebas y la actuaria deberá informar al juez sobre esto. Luego, en teoría, se darán los alegatos finales y después la sentencia.