En las últimas semanas, estamos siendo testigos de vuelta de una serie de proyectos de ley que generan una enorme intranquilidad. Y en momentos en que precisamos la suficiente previsibilidad y tranquilidad para apuntalar los sectores que pueden impulsar el proceso de recuperación de la economía.
Por ejemplo, debe ser tratado en el Senado un proyecto de ley que modifica un artículo del Código Penal para que, en términos generales, se despenalicé la invasión de inmuebles, pasado un cierto tiempo.
Días pasados, ya fue aprobada, así mismo, la expropiación de unas 4.300 hectáreas de nada menos que una reserva natural privada en la Región Oriental, violentando una serie de otras leyes que protegen precisamente el capital natural del país. Esta ley tuvo incluso el apoyo del Poder Ejecutivo con su promulgación.
A la vez, se ha presentado un proyecto de ley que pretende crear una suerte de impuesto al patrimonio o a las grandes fortunas, que sería transitorio, con el objetivo de financiar gastos vinculados a la emergencia educativa, que son de carácter permanente.
Todas estas iniciativas se argumentan desde lo “social” y pueden generar desde esa perspectiva cierta simpatía popular, pero generan señales negativas que finalmente pueden terminar destruyendo inversiones, tanto actuales como proyectadas.
Por supuesto que lo social debe ser una prioridad absoluta del Estado y todos debemos contribuir en dicho sentido. Pero de ninguna manera se puede disociar lo social de lo económico y de lo ambiental en cualquier modelo de desarrollo.
Por otro lado, tenemos otros proyectos de ley que apuntan a una transformación más profunda del Estado con el objetivo de ir mejorando sustancialmente los servicios públicos, y que merecen un proceso serio de análisis, debate y aprobación por parte del Congreso.
Existe desde hace varios meses un anteproyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Necesitamos con urgencia iniciar el proceso de modernización de la función pública, con reglas claras, basada en la meritocracia y el desarrollo profesional. Sin embargo, no se ve el mismo interés de discutir este proyecto buscando su aprobación lo más rápido posible.
En la misma dirección apunta el proyecto de ley que “regula la organización general del Estado”, buscando reestructurar un Estado que se ha vuelto sumamente disfuncional al desarrollo.
También fue recientemente presentado al Congreso el proyecto de “Ley de suministros y compras públicas”. Nuestro Estado destina aproximadamente un 8% del PIB en las compras públicas, y se pueden conseguir una serie de mejoras claves a partir de esta nueva ley que incorpora enfoques modernos de gestión y control. De hecho, la experiencia internacional y regional nos muestra con evidencias concretas cómo estos nuevos enfoques han tenido impactos positivos concretos en las compras públicas.
Otra norma presentada es la nueva ley de responsabilidad fiscal 2.0 que apunta a fortalecer el marco fiscal, que tradicionalmente ha sido una fortaleza del país, pero que ahora tiene ciertos peligros que hay que manejarlo correctamente. Esta ley, por ejemplo, establece límites al nivel de deuda pública y restringe fuertemente el crecimiento del gasto corriente, algo que claramente necesitamos en este momento de gran escasez.
Entonces, ¿dónde tenemos puestas las prioridades cuando se trata de legislar en estos momentos tan delicados de la República? El tiempo histórico demanda un nivel muy alto de responsabilidad y visión estratégica de Estado a nuestros representantes. Y les reclamamos una vez que actúen en consecuencia.
La propuesta es que enfoquemos nuestros esfuerzos colectivos en ir construyendo un Estado que brinde mejores servicios. Los procesos de implementación llevan tiempo, pero debemos iniciarlos ya, sin pérdida de tiempo. En realidad, es la propia democracia la que está en juego si no lo hacemos.
