El texto alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en EEUU de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal” –como una visa de trabajo o turista– no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.
En el recurso legal, los estados –incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco– aseguran que el presidente “no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional” y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.
En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país. Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. EFE
