Repsol, TotalEnergies, Shell, Equinor y Galp accionaron ante la Justicia luego de que la administración del izquierdista decidiera a finales de febrero fijar un nuevo impuesto de 9,2% sobre las exportaciones de petróleo.
El arancel, con validez entre marzo y junio, fue anunciado el mismo día en que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció la reanudación parcial del cobro de impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, suspendido por el anterior gobierno de Jair Bolsonaro en pleno periodo electoral.
Brasil es el noveno productor global de crudo, con un promedio de 3,02 millones de barriles de crudo por día.
En el poder desde enero, Lula promueve el aumento del gasto público para financiar exitosas políticas sociales como las que marcaron sus precedentes mandatos (2003-2010), que le permitieron sobre todo sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza.
Pero la realidad económica dista de la bonanza de entonces granjeada por el boom de las materias primas. La previsión de crecimiento para 2023 es endeble (+0,88), mientras las tasas de interés se sitúan entre las más altas del mundo (13,75%).
A falta de recursos, el Gobierno “buscó la solución más fácil, que le permite pelearse con menos actores”, dijo la economista Juliana Inhasz, profesora de Economía del Insper.
Con esta decisión, el Gobierno encontró una forma de compensar los 6.600 millones de reales –cerca de 1.250 millones de dólares– cedidos en la recaudación de impuestos federales y asegurar “mayor equilibrio fiscal”, según Hacienda.
Pero las señales que el Gobierno de Lula envió al mercado y al sector petrolero, encendieron algunas alarmas.
La Asociación Brasileña de Exploración y Producción, vinculada al Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), presentó el martes pasado en representación de las petroleras una acción de inconstitucionalidad contra la medida ante el Supremo Tribunal Federal para impedir el cobro.
“El tributo tiene un potencial efecto negativo en la recaudación de impuestos y en la generación de empleos”, en una industria que emplea a 450.000 personas, dijo el IPB. Las exportadoras se sienten además perjudicadas por una decisión que consideran una “quiebra de contrato” respecto a cuando decidieron invertir en el país.