Opinión

Prevaricato y demencia fingida

Alfredo Boccia Paz Por Alfredo Boccia Paz

Una investigación de este diario reveló que nada menos que 369 jueces están afiliados a la ANR. En la misma situación están 258 fiscales y, de estos, 146 votaron en al menos una interna colorada.

Si bien unos pocos aclararon que su nombramiento se produjo después de la elección en la cual sufragaron, hubo 41 fiscales que votaron incluso en las últimas internas municipales de 2021.

Ocurre que los jueces y fiscales, que tanto se quejan de las presiones políticas, tienen tajantemente prohibido afiliarse a cualquier partido y, mucho menos, votar en sus internas. Esa incompatibilidad está explícita en el artículo 270 de la Constitución Nacional, en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el artículo 55 del Código Electoral.

Nadie puede alegar desconocimiento de la ley, mucho menos quienes exigen al resto de la sociedad el acatamiento de las normas. No sirve de nada fingir demencia, como lo hizo la fiscala Fátima Girala al ser cuestionada sobre el punto: “Sí, la ley dice eso, pero todos los fiscales están afiliados a algún partido”. Lo que hicieron constituye un delito, y se llama prevaricato.

Es inadmisible normalizar o minimizar esta violación de la Constitución y las leyes. No es un ensañamiento contra el Partido Colorado, como dicen algunos, que cargan la tinta sobre el dato de que un puñado de ellos están afiliados al Partido Liberal. Por supuesto que eso está igualmente mal, pero es evidente el abrumador copamiento colorado del Poder Judicial.

Si tiene alguna duda, fíjese en este dato: de los casi 6.000 funcionarios que tiene la Fiscalía, 4.500 están afiliados a la ANR.

Si durante la dictadura nadie podía ser funcionario público sin estar afiliado, durante la transición tutelada por el mismo partido, el carnet colorado siguió teniendo un enorme peso específico.

No hace falta demasiado esfuerzo para imaginarse que ese sesgo partidario de la Justicia y el Ministerio Público probablemente influya en el sentido de las investigaciones y sentencias cuando están en juego intereses partidarios.

¿O acaso es posible olvidar los casos de Rodrigo Quintana y de González Daher?

Obviamente, esto debe ser corregido. En teoría, no hay mucho que analizar, pues el artículo 14 de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tipifica como mal desempeño de funciones y autoriza la remoción de jueces, agentes fiscales o defensores públicos que ejerzan actividad política en partidos o movimientos políticos.

El problema es que en el JEM hay mayoría colorada. Eso explica que, inicialmente, su presidente, Jorge Bogarín Alfonso, también haya fingido demencia, asegurando que era imposible abrir una investigación porque se interponían mil trabas burocráticas.

Nada sorprendente en alguien que el año pasado fue filmado en un acto proselitista del entonces candidato a intendente Nenecho Rodríguez.

Sus argumentos eran tan endebles que no resistieron el pedido de investigación formulado por Manuel Ramírez, representante de la Corte Suprema. Así, el JEM tuvo que solicitar, a regañadientes, a la Corte y a la Fiscalía General un informe sobre los jueces y fiscales que participaron de internas partidarias.

No albergo ninguna esperanza sobre alguna reacción del Ministerio Público. De hecho, Sandra Quiñónez no ha dicho nada. La Asociación de Fiscales del Paraguay, habitualmente veloz en comunicados de apoyo, tampoco osó interrumpir el silencio de sarcófago de la jefa.

Alguna vez tiene que terminar esta aberración incompatible con la institucionalidad republicana. El hecho de que se trate de una anomalía antigua o generalizada no es justificativo para que el Jurado de Enjuiciamiento mire a los prevaricadores con cara de falsa confusión mental.

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