14 jun. 2024

Presupuesto en riesgo

Las demandas salariales aumentan peligrosamente en un año preelectoral y en un momento estratégico para el presupuesto público. El Parlamento debe garantizar la racionalidad del gasto público. Dado que no existe una carrera del funcionario público, la probabilidad de que los aumentos salariales no respondan a criterios meritocráticos es alta y, por tanto, terminarán afectando negativamente a la gestión pública. El espacio fiscal es pequeño dados los niveles de endeudamiento y la baja presión tributaria, además de la necesidad de financiar políticas que mitiguen los efectos de la pandemia y de la inflación.

La ausencia de una carrera del servicio civil lleva consigo la falta de una política salarial. Las consecuencias se observan casi cotidianamente en la desigualdad de salarios y beneficios entre instituciones, sin que ellos estén explicados por el mayor nivel educativo o experiencia de los funcionarios, y en la ausencia de compromiso de los trabajadores públicos con la gestión, quienes, por el contrario, terminan respondiendo a quien les consiguió el rubro y no a las funciones del cargo.

Esto, sumado al prebendarismo de los partidos políticos que se acentúa en las etapas electorales, pone en serio riesgo el presupuesto. De hecho, el principal instrumento de la política fiscal ya cuenta con serios problemas heredados de años anteriores. Uno de estos problemas es el alto peso de los servicios personales que resta recursos para otros rubros. La consecuencia no solo son las bajas coberturas de programas y proyectos, sino también ineficacia o limitada calidad.

Ninguna intervención pública cumple con sus objetivos contando solo con recursos humanos. Estos, para tener resultados, requieren insumos como medicamentos, kits de parto, útiles, alimentos, semillas, materiales de construcción y muchos otros implementos.

Casi cualquier política exige contar con una infraestructura mínima. Solo basta poner como ejemplos los casos de salud y educación que están siempre en la mira de la ciudadanía debido a la deficiente situación de sus respectivos establecimientos. Las políticas agropecuarias necesitan fondos para el otorgamiento de créditos y para la movilidad de los técnicos, semillas, productos químicos, instrumentos de trabajo.

Así, se pueden citar innumerables ejemplos acerca de la necesidad de dotarle al presupuesto de recursos financieros en todos los componentes para lograr los resultados previstos. El desproporcionado peso presupuestario de los recursos humanos impide el financiamiento de otros, con lo cual la política deja de tener impacto, generando altos niveles de disconformidad ciudadana.

La situación empeora si consideramos que esta misma ciudadanía, que no recibe los bienes y servicios que debiera, es la que financia con sus impuestos el salario de los funcionarios públicos. El Parlamento debe su compromiso, en primer lugar, a los paraguayos y paraguayas que con el esfuerzo de su trabajo dan sustento al presupuesto.

Además de las históricas restricciones fiscales, se agrega ahora la complejidad del endeudamiento que conlleva el pago de intereses, comisiones y, desde 2023, fuertes montos para la devolución del capital. La política fiscal no previó fondos de reserva para cumplir con estos compromisos, lo cual significará una presión adicional, sumada a un presupuesto que no es suficiente para garantizar servicios básicos y de calidad para la ciudadanía.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deben ser capaces de dialogar y parar cualquier posibilidad de incrementos sin suficientes argumentos técnicos y, sobre todo, sin estar alineados a una carrera profesional.

En un año preelectoral, la probabilidad de que las presiones por aumentos estén relacionadas con el clientelismo político es alta, por lo que la ciudadanía espera un compromiso de quienes se encuentran en los cargos públicos electivos o técnicos en el sector público.

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