REUTERS-EFE
GINEBRA - SUIZA
La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó ayer una investigación independiente sobre la muerte de un concejal venezolano opositor que, según las autoridades, se suicidó al saltar de un edificio de la agencia de inteligencia, pero cuyo partido dijo que fue asesinado.
El servicio diplomático de la Unión Europea manifestó un pedido similar de investigar la muerte del opositor y expresó que “es deber del Estado garantizar la seguridad y la integridad física de todas las personas bajo custodia”.
La Embajada de EEUU en Caracas condenó “fuertemente esta nueva violación de derechos humanos, que forma parte de una letanía que llevaron a esta tragedia”.
“Las democracias en funcionamiento protegen a sus ciudadanos, incluidos los que están bajo custodia del gobierno. Nos unimos a la solicitud de una investigación independiente de la muerte sospechosa de Albán”, agregó la misión estadounidense.
Fernando Albán, de 56 años, fue detenido el 5 de octubre por su presunta participación en la explosión en agosto de dos drones en un desfile militar encabezado por el presidente Nicolás Maduro, dijo el ministro del Interior, Néstor Reverol. Agregó en un mensaje de Twitter que Albán estaba en la sala de espera en el piso 10 de la sede de la agencia nacional de inteligencia (Sebin) cuando saltó por una ventana. Esa versión del ministro difiere de la del fiscal general, Tarek Saab, quien dijo en declaraciones televisadas que Albán pidió usar un baño y saltó de allí.
También la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) puso hoy en duda el “suicidio” del concejal Fernando Albán, tal y como informó la Fiscalía, y pidió que se aclaren los hechos de su muerte que ocurrió bajo custodia del Estado, pues señalan que el opositor tenía “profundas convicciones religiosas”.
