La imputación, que supone la primera en la historia de Corea del Sur para un presidente en el cargo y bajo arresto, llega dos días antes de que expire el periodo de detención decretado para que el mandatario sea interrogado por las autoridades.
BAJO ARRESTO. Yoon, que permanece bajo arresto preventivo desde el pasado día 15, ha sido imputado a petición de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), el organismo que lidera la investigación penal sobre el mandatario por haber decretado fugazmente la ley marcial.
La CIO había trasladado el caso a la Fiscalía la semana pasada debido a que el primer organismo no tiene potestad para imputar formalmente a un presidente.
El sábado, un tribunal de Seúl denegó dos sucesivas peticiones de la Fiscalía para prorrogar la orden judicial de arresto de Yoon con vistas a interrogarlo, y después de que el mandatario se hubiera negado repetidamente a declarar ante la oficina anticorrupción. La Fiscalía ha decidido proceder con la imputación tras analizar las pruebas disponibles sobre el caso y ponderar que se trataba de la mejor opción antes de que expirara el plazo de detención de Yoon.
Por ley, en Corea del Sur un sospechoso puede permanecer bajo arresto un máximo de 10 días salvo que se conceda una orden para extender ese plazo o el sospechoso sea formalmente acusado.
CONSPIRACIÓN. La investigación impulsada por la CIO establece que Yoon conspiró con el entonces ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, y otros militares para iniciar un motín declarando la ley marcial la noche del 3 de diciembre.
También lo acusan de abusar de su poder al enviar tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para impedir que los diputados revocaran el decreto de Yoon. Esta medida generó el rechazo generalizado de la población que salió a las calles a manifestarse.
En caso de que el mandatario sea hallado culpable de liderar una insurrección, delito para el cual un presidente surcoreano no tiene inmunidad, podría ser condenado a cadena perpetua o recibir la pena de muerte, sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997.
JUICIO POLÍTICO. En paralelo a este caso penal, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si ratifica o no su destitución aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre. Si el máximo tribunal surcoreano confirma su inhabilitación, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
