La propuesta legislativa tiene por objeto la racionalización del gasto público a consecuencia de la escalada del precio del petróleo a nivel mundial.
“El ejemplo debe empezar por las autoridades nacionales, magistrados, secretarios de Estado, servidores públicos y gobiernos locales, de tal forma a hacer más llevadera esta economía de guerra que afecta a los ciudadanos de nuestro país y del mundo. Como todos sabemos, el aumento de precio del petróleo afecta muy fuerte en la economía, desde la canasta básica familiar, pasando por el precio del pasaje en el trasporte público y, además, el encarecimiento de los derivados del crudo, material que sirven para una infinidad de utilidades industriales que dan fuente de trabajo”, destaca el texto.
Añade también que, en la actualidad, proveer combustible para el mero desplazamiento de autoridades y funcionarios del gobierno, que no sean para servicios públicos de salud, educación, seguridad, y vehículos de las instituciones o entes del estado cuya finalidad no sean la de realizar trabajos ordinarios inherentes a la función que le designa la ley, es considerado un gasto superfluo sin justificativo alguno por la presente ley.
Añade también que la pandemia ha evidenciado las debilidades institucionales sobre todo en materia de servicios básicos, “todavía tenemos deudas con la ciudadana, como mejorar los servicios de agua potable, instalación eléctrica, salud, entre otros por lo que requiere mucha responsabilidad”.