Se trata de un pedido ingresado por Marcelo Duarte, ex senador y candidato a ocupar de vuelta el cargo por el PPQ, con la intención de iniciar el proceso de juicio político contra el ministro Fretes, cuyo hijo Amílcar Fretes firmó un contrato por USD 368.000 con Sharif Kassem Hijazi, para asesorar al padre de este, Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba evitar su extradición a los Estados Unidos.
Dijo que más allá de la responsabilidad penal que debe ser analizada en el contrato celebrado por el abogado Amílcar Fretes, la conducta política del titular de la Corte Suprema de Justicia debe ser juzgada en un juicio político.
En el documento presentado por Patria Querida se menciona que el ministro Fretes terminó reconociendo públicamente la existencia del contrato, aunque intentó deslindar responsabilidades diciendo que dicho documento había sido tramitado por su hijo, sin su conocimiento, lo cual no se compadece con sus manifestaciones sobre la situación procesal de Hijazi vertidas en una sesión plenaria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
“Quedando fuera de toda duda la existencia del contrato, tampoco quedan resquicios de dudar de que Antonio Fretes no puede seguir siendo miembro del más alto Tribunal de la República, pues la principal misión de este colegiado es ‘impartir justicia y no garantizar impunidad’”, dice el texto presentado.
Añade que en declaraciones a la prensa, Fretes ha intentado minimizar el hecho en sí mismo y también su participación, mientras su cómplice, Amílcar Fretes, ha entrado en varias contradicciones sobre la supuesta función del “contrato de impunidad”, alegando también la supuesta devolución de los honorarios cobrados.
Entre las consideraciones, Duarte cita que el prestador de los servicios profesionales, Amílcar Fretes, “ promete algo que solo se puede conseguir con el manejo de grandes influencias en la Corte Suprema de Justicia”. La redacción del libelo acusatorio está siendo liderada por la diputada liberal Celeste Amarilla.
El oficialismo se lava las manos
La bancada oficialista de Diputados aún no ha tomado una postura con respecto al juicio político al ministro de la Corte Antonio Fretes y se aguarda una convocatoria para analizar el tema.
El diputado Hugo Ramírez indicó que se deja “la posta” a la oposición para juntar los votos y recordó que en el anterior intento de juicio a la fiscala general, Sandra Quiñónez, se realizó la sesión sin contar con los votos.
“No es justo que tengamos que hacer todo el esfuerzo y sacrificio y que la oposición no se ponga de acuerdo”, expresó.
A su turno, el diputado Ángel Paniagua manifestó que se debe corroborar si el ministro Fretes tenía conocimiento de lo actuado por su hijo con Kassem Hijazi y el contrato que había de por medio, si es que el ministro Fretes no se comunica con su hijo, tal como indicó, entre otras cuestiones.
“Nosotros no tenemos la posición firme. Si se tiene que ir, se debe ir”, precisó cuando se le recordó la postura de Mario Abdo.
