Con la disminución del 60% del componente servicio de deuda por la construcción de la usina de Itaipú del costo del servicio de electricidad (CSE) para 2023, y la amortización total de los compromisos se generan posiciones encontradas entre el Gobierno y los diversos sectores en el marco de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, sobre cómo abordar la tarifa.
La Cancillería propone tres posibles escenarios de la tarifa ante la negociación del Anexo C. Un primer escenario sería mantener el costo de 22,60 USD/kW-mes, lo cual incluye nuevos componentes en el costo del servicio de electricidad (CSE) en reemplazo del servicio de deuda en una proporción similar (60%), como por ejemplo un fondo eléctrico para ambos países.
Un segundo escenario sería contar con una tarifa baja, lo cual implica la mera aplicación del Anexo C tal como está, ya que desciende automáticamente la deuda al aplicar un costo de 9,61 USD/kW-mes.
Un tercer escenario sería la tarifa intermedia, que sería la aplicación de un costo de 15 USD/kW-mes, el cual incluye nuevos componentes en el CSE en reemplazo de la deuda en una proporción del 50%. Esta es la opción que más baraja el Gobierno y que se aplicaría en el marco de las negociaciones del Anexo C.
OTRAS POSTURAS. Para el ingeniero Axel Benítez, la incorporación de reemplazo de la deuda sería continuar con las condiciones de prestaciones del servicio, y, por ende, proseguir con el statu quo.
Por su parte, el ingeniero Ramón Montanía sostiene que una alternativa al componente de la deuda podría ser el aumento del pago de interés por los préstamos de ANDE y Eletrobras, o bien, que el fondo para el desarrollo ingrese dentro de gastos de explotación, aunque esto tendría su impacto en la tarifa.
Además, dice que si Paraguay decide “vender la energía que no utiliza”, le conviene la reducción de la tarifa de la energía eléctrica de Itaipú.
Asimismo, que se tendrá la posibilidad de competir con mayores posibilidades de éxito en mercados abiertos y competitivos, como son los mercados eléctricos regionales. Asegura que la ANDE dispondrá de energía barata, recordando que el 92% de la energía que se consume en Paraguay viene de Itaipú, y su compra sube en torno al 10% al año.
Por su parte, el ingeniero Javier Villate sostiene que la propuesta proestatal de incluir un fondo especial en reemplazo de la deuda significaría “mantener una tarifa artificial intermedia que no tiene justificación económica ni perspectiva de desarrollo institucional para Paraguay”.
“Desean utilizar a la hidroeléctrica como un agente de retención o como un comercializador de energía, dada nuestra incapacidad para crear un mercado eléctrico paraguayo, donde se generen genuinamente los márgenes comerciales que ellos exigen que lo obtenga coercitivamente la binacional”, expresó.
