El ex diputado Carlos Portillo, a través de sus abogados, planteó acción de inconstitucionalidad ante la Corte, donde pide anular su expulsión de la Cámara Baja. Como medida cautelar, solicita suspender los efectos de la resolución, y volver al cargo, mientras se estudia el fondo de la cuestión.
La acción fue promovida ante la Sala Constitucional por los abogados Raúl Caballero, Josefina Aghemo y Néstor Cañete contra la Resolución 2484, del 12 de mayo pasado, por la Cámara de Diputados.
La misma hizo lugar a la pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo, según lo dispuesto por el artículo 201, numeral 2, de la Carta Magna.
Según la acción, la resolución viola el derecho a la defensa, los derechos procesales, la igualdad ante la ley, a más de la supremacía constitucional, todos de la Ley Suprema, a más del Pacto de San José de Costa Rica.
Primero argumenta sobre la admisibilidad de la acción, que fue presentado dentro del plazo, que individualiza el acto impugnado, que existe lesión concreta en su contra, ya que fue removido del cargo de diputado, para el que fue electo por voluntad popular por 5 años.
POTESTAD. Luego justifica que la Corte tiene la potestad de juzgar el caso, ya que el acto judicial sobre una decisión política es para verificar si ella excedió o no el marco constitucional y no puede significar substituir al gobernante en la decisión, sino impedir que la violación se produzca.
Alega que todo el juicio en su contra duró 5 horas y 30 minutos, ya que fue a raíz del proyecto del diputado Ramón Romero Roa, donde incluso trae a colación un caso penal del año 2017.
Afirma que se violó su derecho a la defensa, que no tuvo oportunidad de nombrar abogado, ni de ofrecer pruebas. Incluso, dice que el proyecto de ley sobre la pérdida de investidura, actualmente en manos del Ejecutivo, da un plazo de 25 días.
Toma como base un fallo en una acción del diputado Julio Javier Ríos contra una resolución de la Cámara Baja. Indica que se violó el Pacto de San José de Costa Rica al no darle los derechos procesales.
También habla de que la prueba en su contra es ilegal, y ni siquiera fue verificada. Es más, alega que es un hecho punible, por lo que resulta completamente irregular su uso para el proceso.
Alude también que el artículo 201 de la Constitución no se halla reglamentado, y que su uso por Diputados afecta el principio de legalidad.
Es más, refiere que el diputado Romero Roa, que fue el que presentó el proyecto de ley, también votó por la pérdida de investidura, por lo que no puede decirse que hubo imparcialidad.
Cita al constitucionalista Evelio Fernández, quien se oponía a que nadie sea juzgado por sus pares, porque “entre bueyes no hay cornadas”, ya que utilizando una mayoría circunstancial, la condición de parlamentario estaría prácticamente en manos de la mayoría.
Finalmente, pide suspender los efectos de la resolución mientras se estudia la acción. Solicita declarar inconstitucional e inaplicable para el accionante Carlos Portillo.