El Gobierno del presidente Nicolás Maduro inició un nuevo mandato al frente de Venezuela que lo posiciona en el poder hasta 2025.
De acuerdo con EEUU, la Unión Europea, el Grupo de Lima y varias organizaciones civiles, las elecciones en las que en mayo de 2018 Nicolás Maduro se proclamó vencedor no cumplieron con los estándares internacionales. Son muchas las irregularidades que denuncian.
José Ignacio Hernández, experto en Derecho Constitucional venezolano, asegura que las elecciones “tienen un problema de origen, ya que las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que es un organismo ilegítimo, cuando según la Constitución debería haberlas convocado el Consejo Nacional Electoral”.
Añade que, al contrario de lo que sucedió en 2013, “a muchos candidatos y partidos se les impidió participar”.
La Asamblea Nacional Constituyente fue impulsada por Maduro en mayo de 2017 después de que en 2015 la oposición lograra la mayoría en la Asamblea Nacional, órgano legislativo que desde que existe la Constituyente se ha visto despojado de sus funciones.
Según Hernández, la invalidez de aquella elección implica que “Maduro no es el presidente electo y no se puede juramentar quien no ha sido electo”.
Hernández señala que “en derecho público se distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para el periodo 2013-2019 Maduro tenía su legitimidad de origen porque las elecciones de 2013 fueron reconocidas en todo el mundo, pero sus violaciones de los derechos humanos le hicieron perder la legitimidad de ejercicio”.
Al no admitirse la limpieza de las elecciones de 2018, “habrá perdido también la legitimidad de origen, que era lo único que le quedaba a Maduro”, añade Hernández.
Maduro recalca que en las elecciones de mayo de 2018 logró más de seis millones de votos y en una reciente entrevista afirmó que “en Venezuela gobierna y manda soberanamente el pueblo, y el pueblo ya decidió”.
Además de la convocatoria por parte de la Constituyente, se cita entre las irregularidades del segundo mandato de Maduro el poco margen temporal que se dio en la convocatoria electoral.
Hernández asegura que, de acuerdo con la Carta Magna venezolana, “las elecciones no pueden convocarse con menos de seis meses de antelación y en las de 2018 solo se dio un mes y medio”.
Otro motivo de controversia es el hecho de que Maduro jure su cargo como presidente ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Nacional.
La Constitución determina que el nuevo presidente debe jurar su cargo ante esta cámara legislativa, pero también que “si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Maduro y sus seguidores sostienen que la Asamblea Nacional “está en desacato” desde que el Tribunal Supremo emitió en 2016 una sentencia en la que anulaba todas las decisiones de esta cámara.
La tesis gubernamental es la de que la Asamblea no es competente para tomarle juramento al presidente mientras persista esta situación, por lo que procede que el presidente jure ante el Supremo.
La oposición cree en cambio que todo obedece al plan de Maduro de neutralizar el poder del legislativo, cuyo control perdió en las urnas.