13 jul 2026

Policía llega al apartamento de Cristina Fernández para registro judicial

Un dispositivo de la Policía Federal de Argentina comenzó a desplegarse este jueves en el entorno del apartamento en Buenos Aires de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), después de que el Senado autorizara a un juez a realizar registros en sus casa, en el marco de una causa por sobornos.

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Cristina Fernández está investigada por un caso de sobornos en Argentina.

EFE.

En medio de un gran tumulto de periodistas, los agentes llegaron hasta la puerta del edificio en el que reside Cristina Fernández, actual senadora, en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. Aunque el juez Claudio Bonadio también solicitó allanar sus dos casas en las localidades patagónicas de Río Gallegos y El Calafate.

En la noche de este miércoles, el Senado dio el visto bueno, por unanimidad, a la solicitud de allanamientos cursada por Bonadio, que quiere buscar pruebas de si Fernández cobró millonarios sobornos de empresarios de la obra pública, para lo que necesitaba de la autorización de la Cámara Alta por contar la ex mandataria con fueros parlamentarios.

Lea más: Senado argentino autoriza al juez a registrar las casas de Cristina Fernández

La ex presidenta de Argentina no consiguió que acompañasen las condiciones que había impuesto: que no haya registro gráfico de los allanamientos y garantizar la presencia de sus abogados.

El allanamiento se da por unos casos de sobornos que dejó una multitud de empresarios y ex funcionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chófer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, la propia Fernández y su fallecido esposo, el también ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

Fernández negó haber cometido algún delito, durante la sesión del Senado argentino el miércoles. Señaló que el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, está detrás de su situación judicial, y recalcó que se siente víctima de un “plan regional” para “la persecución y proscripción de los dirigentes populares”.

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