- Antonio Rolin
- ENCARNACIÓN
Ya lo había hecho una vez y lo volvió a hacer, ahora, la jueza Penal de Garantías Carina Ruiz Díaz, de María Auxiliadora, Departamento de Itapúa, teniendo una complaciente y como mínimo sospechosa decisión en una causa vinculada al narcotráfico.
Esta vez, el beneficiado por la magistrada con la prisión domiciliaria es Ariel Acosta Rojas, detenido en enero del 2022 junto a Junior Insfrán Acosta y Maglio Larré Benítez, con 350 kilos de marihuana, pesos argentinos, dólares americanos, armas de fuego, vehículos y otros.
El mismo es considerado como un peso pesado de la estructura narco que enviaba grandes volúmenes de marihuana, principalmente a la Argentina.
La actuación de la jueza se da nuevamente cuando la sociedad itapuense aún no ha superado el espanto por la prisión domiciliaria otorgada al peligroso criminal y narcotraficante Óscar Ramón Cardozo, alias King Kong, nada menos que en la vivienda de la defensora pública de Caazapá.
Sin embargo, ocho días después, King Kong violó la medida y fue ejecutado a tiros cuando salía de una carrera de caballos, en el barrio Florida de Cambyretá, Itapúa, en una camioneta, acompañado por el esposo de la defensora publica de Caazapá.
Esta vez, el beneficiado por la magnanimidad de la magistrada Ruiz Díaz es Ariel Acosta Rojas, de frondoso antecedente por varios hechos.
El argumento utilizado por la magistrada para otorgar la medida, es que había un hecho una delación; sin embargo, la jueza se olvidó que esa delación del que habla la ley (aminorar la sanción penal), corresponde dictarse luego de un juicio oral y público, y no por el juzgado de Garantías.
Además, debe corroborarse previamente la efectividad de la delación y su incidencia en el proceso.
Cabe resaltar que la delación por parte del imputado solo podrá hacerse bajo autorización judicial, según el Art. 97 Ley 1881/2002, porque resultaría muy fácil a la estructura criminal proveer su propia mercancía para la delación y obtener beneficios de la ley; que está diseñado para combatir el flagelo del tráfico y consumo de drogas, que mata a nuestros jóvenes.
Lo más grave y preocupante de este nuevo caso que salpica a la cuestionada jueza, es la pobre actuación del fiscal antidrogas, Enrique Amadeo Díaz Alegre, quien también tuvo alto grado de complacencia con la causa y lejos de oponerse tajantemente a la medida, dejó a criterio y consideración de la magistrada. Otro aspecto que cubre de dudas la conducta del fiscal es que el mismo ni siquiera presentó apelación a la medida otorgada por la jueza.
En lo que hace a la actuación del representante del Ministerio Público, la sociedad espera que el nuevo fiscal general del Estado ordene auditar de forma urgente la actuación fiscal.
