El líder del Partido Nacional, que el 1 de marzo asumirá la Presidencia de Uruguay, declaró recientemente que planea flexibilizar regulaciones para atraer a extranjeros, fundamentalmente empresarios argentinos, que inviertan e incluso se muden a suelo vecino, lo que motivó a reavivar el fantasma del paraíso fiscal.
La otrora “Suiza de América” dejó de figurar en marzo de 2019 en la lista “gris” de paraísos fiscales que la Unión Europea elabora y que incluye casos reversibles con la aplicación de cambios legislativos.
El anuncio de Lacalle Pou, que el 1 de marzo pondrá fin a 15 años del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005, no dejó indiferentes a los empresarios argentinos (que esperan más datos sobre esta medida) ni a la clase política, desatando diferentes opiniones al respecto.
RESIDENCIA FISCAL. Desde 2007, el sistema para conseguir la residencia fiscal en Uruguay sigue los criterios “más aceptados” internacionalmente, indica el experto uruguayo en Tributación Internacional Carlos Loaiza.
Las personas físicas pueden establecerse si permanecen en el país más de 183 días o tienen allí a su cónyuge o hijos menores de edad, si generan en Uruguay una renta mayor a la que generan en otros lugares o si tienen una inversión superior equivalente a casi 2 millones de dólares en bienes inmuebles o casi 6 millones de dólares en empresas.
En el caso de las empresas, pueden mudar la residencia de modo definitivo o configurar un “establecimiento permanente” si se trata de una empresa exterior, pero que actúa en Uruguay, explica Loaiza, y precisa que el proceso “lleva unos meses” porque la compañía debe adaptar sus estatutos y funcionamiento al sistema uruguayo. En ambas situaciones, señala, la firma solo tributaría por los beneficios generados en Uruguay y pagaría los mismos impuestos que una empresa originaria.
¿PARAÍSO FISCAL? Apenas se conoció la idea, el presidente peronista Alberto Fernández la cuestionó y reavivó el fantasma de Uruguay como paraíso fiscal, y espera que Lacalle Pou lo piense dos veces.
El abogado uruguayo Tomás Teijeiro asegura que “de ninguna manera” se va a facilitar un flujo de capitales “indebido”, sino que serán “más prácticas” determinadas normas para que los extranjeros se instalen en el país.
“En Uruguay, las normas se respetan y las instituciones son firmes”, insiste Teijeiro, y aclaró que el país no dejará de cumplir los acuerdos internacionales firmados. En tanto, Loaiza advierte que es importante exigir traslados “genuinos” y “defendibles internacionalmente”.
Flexibilización en el ojo de la tormenta
La idea planteada por Luis Lacalle Pou supone flexibilizar la residencia legal y fiscal, incluidas normas del Banco Central, para que los extranjeros puedan trasladar capitales a tierras uruguayas.
Su mirada se centró, básicamente, en empresarios argentinos, tanto los grandes nombres que veranean en el este uruguayo como los pequeños y medianos afectados por los vaivenes económicos de Argentina. Esta medida aspiraría a que 100.000 ciudadanos de esa nacionalidad se trasladasen a territorio uruguayo.
Con una población de 3,5 millones de habitantes, fueron varios los intentos del país austral para atraer inversores. Tras la idea de Lacalle Pou, el expresidente uruguayo Pepe Mujica exigió que se invierta más en el país. EFE
