Una trayectoria laboral de calidad, con salarios acordes a la competencia y la responsabilidad y con seguridad social son determinantes, no solo para el bienestar de los propios jóvenes sino también para el resto de la sociedad.
En 2021, la juventud de entre 15 a 29 años llegaba a 1.960.000 personas, representando al 27% de la población total. El 67% trabaja o busca trabajo. El desempleo juvenil afecta al doble que en el caso de las personas adultas y en las mujeres se triplica. Si se suma la juventud desempleada con la subempleada (trabaja menos tiempo de la que quisiera), resulta que el 12% de los hombres y el 25% de las mujeres enfrentan serios problemas de subutilización.
Los ingresos laborales son menores al salario mínimo, especialmente en el caso de las mujeres y del sector rural. Ni siquiera el trabajo asalariado que debería estar formalizado y fiscalizado remunera el salario mínimo.
El 33% se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. En este grupo se encuentran quienes estudian a tiempo completo, alrededor de 400.000, muchos de los cuales inician sus estudios pero no logran culminarlos, ni siquiera en el nivel medio, debido a obstáculos económicos. La gratuidad de la educación media es relativa, los programas de becas son de baja cobertura, el sistema de transporte público es pésimo y no existen otros mecanismos que faciliten el acceso, la permanencia y el egreso exitoso.
Dentro de este tercio que está fuera de la fuerza de trabajo, existe otro grupo de más de 250.000 jóvenes que no estudian “ni trabajan”. El 80% son mujeres que trabajan más de 30 horas semanales en sus hogares, cuidando o realizando trabajo doméstico para ellas y el resto de la familia. No existen políticas de cuidado que faciliten a estas mujeres jóvenes la salida al mercado laboral o la continuidad de sus estudios.
La suma de todos estos problemas se conjuga en una trayectoria laboral precaria a lo largo de toda su vida y terminan generando un problema para la economía y para la sociedad. Un indicador que muestra esta situación es el bajo nivel de participación en el sistema jubilatorio. Solo un tercio de la juventud asalariada aporta, si se considera la población juvenil completa, resulta que este porcentaje se reduce al 12%.
En estas condiciones, cualquier sistema de seguridad social contributivo es insostenible y se condena a esta población a una vida vulnerable o en situación de pobreza en la vejez. En caso de algún problema durante la vida laboral, como un accidente, una enfermedad, el desempleo temporal o ya lo demostró la pandemia, esta exclusión deja totalmente vulnerables a las personas y puede incluso generar pobreza de por vida.
A pesar de la relevancia para el bienestar individual y el desarrollo del país, estos temas no están en el debate y por lo tanto tampoco se vislumbra la posibilidad de cambios en la política pública. Al contrario, lo que sí aparecen en las redes son prejuicios contra la juventud y políticas punitivas.
Paraguay necesita implementar políticas educativas, de cuidado y laborales para ampliar las capacidades y oportunidades económicas, hacer cumplir las normas laborales y realizar cambios en la seguridad social para que ingresen más jóvenes. Estamos desaprovechando el bono demográfico. La ciudadanía y los políticos deben tomar conciencia y plantear un debate, proponer políticas públicas y concertar acuerdos que favorezcan a la juventud y permitan una trayectoria de vida con calidad.