Durante mucho tiempo, la excusa de los responsables de la educación para justificar la pobreza extrema en la que sobreviven numerosos locales de enseñanza básica y media era la falta de dinero para encarar las construcciones o reparaciones necesarias para contar con una infraestructura digna.
Sin embargo, en los últimos años, esa situación ha variado porque el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) provee a las gobernaciones y a los municipios dinero para invertir en el mejoramiento de los locales escolares.
Aun así, no se ha notado un sustancial avance y las evidencias de abandono siguen siendo notorias.
Un ejemplo de la miseria reinante es lo que sucede en la escuela de Cuero Fresco, distrito de Arroyito, en el Departamento de Concepción.
Allí, la sede educativa erigida a base de un material cocido se cae a pedazos, razón por la que los docentes determinaron que las clases fueran impartidas en la antigua aunque endeble construcción de madera.
Además, los alumnos y profesores carecen del elemental servicio de agua potable y la merienda escolar —que debiera llegar para la alimentación de los niños— brilla por su ausencia.
Lamentablemente, la Gobernación de Concepción —que había prometido solucionar de manera urgente el problema suscitado a raíz de la precariedad edilicia— no ha cumplido su promesa. Hoy, a modo de no creíble excusa, alega tropiezos burocráticos que han impedido reacondicionar el espacio físico severamente dañado por el paso del tiempo.
Es evidente que el caso de este local no es el único en el primer departamento de la República, por lo que la gravedad de lo que se plantea sube de tono, máxime cuando las escuelas paupérrimas se encuentran en el área de operaciones del grupo de delincuentes armados autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Alguna vez el Gobierno dijo que a la vigilancia y la represión se agregaba el componente del desarrollo integral de la zona para cubrir con solvencia necesidades de educación, salud, vivienda, alimentación y requerimientos viales englobados en una estrategia de seguridad.
Por lo que se percibe en el campo educativo, esa visión que apunta al bienestar que desarticule la validez de las reivindicaciones planteadas por el grupo armado irregular ha quedado en la nada.
De más está decir que en las otras áreas tampoco se han visto mejoras sustanciales en los últimos años. De todo esto se colige la urgente necesidad de replantear el esquema de apoyo global al Departamento de Concepción y a los demás departamentos afectados por las incursiones de los delincuentes.
La educación es un bien colectivo de suma trascendencia para generar un proceso de cambio positivo.
Si se la abandona a su desgracia, tal como ocurre en Arroyito, mañana se lamentarán situaciones que hubieran sido prevenidas con una gestión eficaz en favor de la población de mayores carencias. Las autoridades ya no pueden seguir postergando la educación.
