Pobladores de la colonia Tape Porã, 6ª Línea, acompañados por autoridades, políticos y religiosos, se manifestaron ayer para exigir la suspensión de un intento de desahucio contra 36 familias, comprendidas en un área de 732 hectáreas en litigio judicial.
Los afectados denuncian que tratan de expulsar a los verdaderos ocupantes de las tierras, en un caso donde los títulos de propiedad están superpuestos, mediante una orden judicial que no está firme y en la que aparece como demandante una persona fallecida. La contraparte sostiene que las tierras en litigio están fuera de la colonia y que el Indert no pudo demostrar la propiedad, con títulos.
La colonia Tape Porã, 6ª Línea, había sido creada por decreto del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en 1985. La entidad del Estado proveyó de títulos a los pobladores, y algunos volvieron a vender a terceros. “Los títulos no están cancelados. La mayoría están hipotecados en bancos”, afirmó Vilson Rode, afectado.
Sin embargo, en el 2017, se inicia un juicio de nulidad de acto jurídico y reivindicación contra los dueños de los inmuebles a nombre de Heriberto Manuel Lezcano, persona fallecida en el 2009.
Para la acción judicial se utilizó un poder firmado por el fallecido en el 2004 en favor de un abogado, que a su vez entrega al ex camarista Venancio López, quien ejerce la defensa. El juicio se tramita en el juzgado de Hernandarias, a cargo de Aníbal David Duarte, hasta donde llegó por una serie de inhibiciones.
Los pobladores cuestionan que en la sucesión iniciada por los herederos de Lezcano no se hayan denunciado como bien hereditario las tierras que ahora reclaman.
LA OTRA CAMPANA. “El juicio ya terminó. Sí o sí se tiene que hacer el desalojo. Es mentira que los hijos no tienen derecho, son nueve herederos. La propiedad es un condominio, está el otro propietario que todavía no falleció y no se necesita la adjudicación para demandar”, afirmó el abogado Venancio López, quien representa a los Lezcano.
“La colonia Tape Porã fue creada en época de Stroessner con 6.000 hectáreas, pero cayó sin comprar las tierras (...). Nuestra tierra no está dentro de la colonia, está pegada a ella. La entidad del Estado dio 52 títulos a ellos sobre nuestra tierra que es totalmente privada”, afirmó el profesional.
Acusó a los brasileños de haber invadido las tierras. “Se hizo la mensura y se demostró que la tierra es de nuestros clientes”, dijo y añadió que ya quisieron comprar las tierras, pero que no llegaron a un acuerdo.
DENUNCIAS. La orden de desahucio que se pretende ejecutar tiene fecha de 11 de julio de 2018 y lo que se cuestionan son las irregularidades en el procedimiento, de acuerdo con lo señalado por la abogada Paola Horita Nava.
La Dirección de Policía del Alto Paraná intentó ejecutar la orden judicial, pese a que la notificación fue entregada solamente a algunos propietarios y la Cámara de Apelaciones dio lugar a un incidente de nulidad, planteada por uno de ellos, quien no fue notificado, pero que tiene efecto en favor de todos.
“Presentamos una denuncia por faltas graves contra la Policía local por diez irregularidades que se cometieron en el protocolo para desalojos de gran envergadura”, señaló la abogada.
En la manifestación, el párroco de San Alberto, Javier Portillo, dijo que los afectados son feligreses de la capilla María Auxiliadora y espera que el caso termine pacíficamente. “Sería muy injusto que de la noche a la mañana vengan unos desconocidos a despojarles de sus tierras”, afirmó Nelson Espínola, presidente de la Junta Municipal.
