La oposición cumple un rol fundamental en la consolidación de la democracia. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el de actuar como fiscalizador de las políticas públicas y las acciones implementadas por el oficialismo. Desde este punto de vista, es incomprensible que el PLRA aún no haya asumido una postura pública rechazando las reprochables actuaciones del ministro Alberto Ramírez Zambonini, que por llevar más de dos décadas en la Justicia Electoral es la cara visible del caos administrativo que actualmente cunde en esa institución.
El PLRA debe ser coherente con su discurso público, y de ninguna forma podrá serlo si no ajusta su conducta política al marco ético que exige al propio oficialismo en el poder.
Ramírez Zambonini ha sido objeto de diversos intentos de enjuiciamiento político en el pasado. Pero ahora mismo su trayectoria ha sido salpicada por actos que de ninguna manera condicen con la austeridad y el ejemplo que el magistrado de una República debe ofrecer al conjunto de la ciudadanía.
En efecto, el ministro se encuentra imputado por la Fiscalía por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible. El escándalo de los centenares de planilleros que coparon la Justicia Electoral encuentra parte importante de su origen en la conducción del señor Ramírez Zambonini, quien llegó a tener hasta cerca de 300 asesores asignados directamente a su oficina.
La imputación de su “amigo y asesor personal” Manuel Radice, en calidad de cómplice por cobro indebido de honorarios y uso de certificado sobre méritos y servicio de contenido falso, así como la significativa cantidad de familiares directos suyos que ostentaban plazas y salarios de privilegio en el órgano electoral, también comprometen de manera directa la responsabilidad del ministro en cuestión.
No es que los otros dos ministros no tengan vinculación con el grave deterioro institucional en el que se encuentra sumido el órgano electoral; es que, por responder a un cupo de la oposición, esta –que le exige posturas transparentes al Gobierno– no puede dejar de condenar el comportamiento de su correligionario.
Esta semana, el senador Blas Llano aseguró que “en su momento” el PLRA va a asumir una postura sobre la polémica gestión de Ramírez Zambonini, al tiempo de resaltar que no estaba abogando por la defensa del mismo. Sin embargo, mientras más se dilate el pronunciamiento del partido al que pertenecen tanto él como el ministro de la Justicia Electoral, mayor será el menoscabo a su reputación que afectará al liberalismo y a su rol como oposición.
El momento de sentar posiciones, debe saberlo el senador Llano, es el presente, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha sido convertido en un vulgar depósito de correligionarios mediante un uso inadecuado de los recursos que el pueblo aporta a esa deteriorada institución. Seria y comprometida realidad que recae, más que en cualquier otro, sobre los hombros de Ramírez Zambonini.