Bajo observación. El fallecimiento de un anestesiólogo en el Hospital Regional de Saltos del Guairá encendió alarmas sobre las condiciones en las que el personal de salud realiza su trabajo, en especial los residentes médicos.
La situación de este fallecimiento motivó a la senadora Esperanza Martínez, ex ministra de Salud durante el Gobierno de Fernando Lugo, a clamar por medidas de fondo y mesa de diálogo para encarar el problema de larga data.
La legisladora señaló que las condiciones en las que trabajan muchos residentes están marcadas por la sobrecarga horaria, la presión permanente y la falta de mecanismos efectivos para su protección.
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Desde su punto de vista, el aumento de suicidios y los casos de adicciones entre jóvenes profesionales son el síntoma de un sistema que durante años naturalizó las prácticas violentas y dejó en situación de extrema vulnerabilidad a quienes están en etapa de formación.
“Venimos denunciando esto porque parece que se pone debajo de la mesa, pero lo tenemos enfrente. Ya no es una cuestión inusual; tenemos entre tres y cuatro suicidios al año en el sector”, reveló.
Cuestionó además el sistema de “escalera” que rige en muchas residencias, donde médicos en formación quedan sometidos a residentes más antiguos, muchas veces sin la debida supervisión de especialistas.
Según afirmó, esa lógica termina reproduciendo relaciones de abuso, maltrato y también situaciones de explotación económica.
A manera de ejemplo sobre la gravedad de las denuncias, mencionó el testimonio de una médica residente.
“Una colega denunció que llegó a pagar un millón y medio de guaraníes solo para que le permitieran dormir 4 horas”, señaló.
Contó que en el área de cirugía del Hospital Nacional de Itauguá, para su primera intervención los residentes abonaban alrededor de G. 1.200.000.
Encarando el problema
Martínez ya inició una mesa de trabajo junto con representantes del Ministerio de Salud Pública, Viceministerio de Salud y de la Conarem, para impulsar las modificaciones respectivas del reglamento vigente para las residencias médicas.
Apunta también a un proyecto de ley que impulse un cambio para llevar adelante medidas de fondo. Para este fin indagan en las legislaciones de otros países.
“Deben existir esquemas de protección; no vamos a permitir que la formación profesional siga costando vidas”, reafirmó.
El viceministro de Salud, doctor Saúl Recalde, comentó que la adicción al fentanillo entre el personal de salud es un problema a nivel regional.
“No es un caso aislado. Esto está siendo un problema regional. Como todos saben tuvimos situaciones similares hace un par de semanas en Argentina”.
Según relató, este tuvo que intervenir cuando un colega suyo atravesaba por dicha situación. El profesional de la salud tuvo que ser apartado y posteriormente recibió ayuda para hacer frente a su problema, reveló el viceministro de Salud.
