“Vamos a pedir que el pleno de la Corte se expida sobre esto y va a ser un precedente que va a poder ser utilizado en el futuro para cualquier legislador”, comentó.
Duarte Cacavelos refirió que el artículo 191 de la Constitución Nacional establece tres inmunidades, que son de expresión, de detención y de proceso.
Detalló que, por tanto, ni la Policía ni el Ministerio Público pueden detener a ningún parlamentario, y que tampoco el juez puede dictaminar su prisión preventiva. La única excepción a esta regla, indicó, es el caso de flagrancia.
En cuanto a la inmunidad de proceso, el abogado puntualizó que un legislador solo puede ser sometido a una investigación cuando es desaforado.
“Cuando es desaforado, la única inmunidad que pierde es la del proceso, para que luego pueda ser declarado culpable o inocente”, agregó.
Entonces, el defensor de Cuevas explicó que todo legislador, luego de ser imputado, deberá contar con libertad ambulatoria y poder acudir a su banca, atendiendo al principio de inocencia antes de que exista condena.
“La Constitución previó por eso la pérdida de investidura, entonces la única forma que por un hecho punible pueda ser excluido un legislador de su banca, es la vía de la constatación de su culpabilidad para luego cumplir el procedimiento de pérdida de investidura”, afirmó.
Cuevas está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Supuestamente, tuvo un ingreso de 5.734.307.036 guaraníes y su egreso fue de G. 7.439.622.171, con una diferencia de G. 1.705.315.135, durante los años 2009 y 2019. También están imputados su esposa Nancy Florentín, su hijo Enzo Cuevas y la docente Griselda Duarte.
Desde el Congreso, no hay números para la expulsión.
