“Es de público conocimiento que varias municipalidades han incumplido con la más alevosa demostración de irresponsabilidad en la respuesta a las informaciones solicitadas por integrantes de la Junta Municipal y ciudadanos interesados en asumir un rol activo como contralores del uso y/o destino de los recursos públicos, donde, en la esperanza de poder obtener alguna respuesta acaso decente, simplemente han recibido el parco silencio de los titulares del Ejecutivo Municipal”, detalla la legisladora.
González explicó que la Constitución aboga por el acceso a la información pública, pero los intendentes no cumplen con este principio, porque en la ley orgánica no existen sanciones.
Este vacío legal se estaría solucionando con el proyecto, que contempla que la omisión de respuesta será considerada mal desempeño de funciones y se podrá recurrir a la vía judicial. El juez del amparo deberá imponer costas al intendente, y este además deberá pagar una multa de 50 a 300 jornales mínimos “para actividades diversas no especificadas de la capital, cuyo monto resultante será destinado de manera exclusiva al fortalecimiento de las Consejerías Municipales por los Derechos del niño, la niña y el adolescente (Codenis)”, señala.