“En principio la queremos modificar por las declaraciones del ministro de Educación (Eduardo Petta), quien había dicho que no iba a permitir que los padres de los niños retiren los víveres si no presentan algún examen, alguna prueba, factores pedagógicos que ellos piden. La ley va a decir que sin más trámite se tiene que entregar a ese padre de familia, a ese tutor o a ese niño el kit de víveres que le corresponde”, detalló Núñez.
Agregó que un 50% seguirá siendo destinado para infraestructura, “pero después hay un 30% que está destinado a alimentación escolar, y le sumamos un 20% más, que se usaba para gastos corrientes”. “Hay que ser sinceros, se usa para contratar operadores políticos. Yo fui intendente municipal y conozco el modus operandi y creo que tenemos que hacer un mea culpa también y hay leyes que no son viables”, confesó Bachi.
Números. Detalló que las cifras muestran gran inequidad. Por ejemplo, hay 900 mil alumnos en el país, de los cuales en Asunción son 76 mil, con un presupuesto de G. 83 mil millones, que sirve para alimentar a 33 mil alumnos; pero en Central existen 259 mil alumnos, y sin embargo se cuenta también G. 83 mil millones de presupuesto . “Y lo peor, San Pedro tiene 70 mil niños y su presupuesto es G. 18 mil millones, hay una inequidad”, lamentó Núñez.
Insistió que el proyecto es el puntapié inicial de grandes cambios que son necesarios. Por ahora, G. 150 mil millones serán redistribuidos si se aprueba la propuesta. Además, el diputado afirmó que la bancada cartista apoyará la iniciativa, que en caso de aprobarse, regirá para este año.
Sobre los cuestionamientos en relación a la mala administración de los recursos, apuntó que las instituciones tienen que funcionar. “La Contraloría, la Fiscalía, los concejales departamentales y municipales tienen que hacer su trabajo”, refirió.
