El objetivo es establecer un fondo de compensación con el 10% de la facturación de la energía producida por Acaray, a ser pagados en forma anual a la Gobernación del Alto Paraná y a los municipios de Ciudad del Este y Hernandarias.
Se señala como no afectados por la construcción de la represa a los municipios de Minga Guazú, Santa Fe del Paraná, Itakyry, Presidente Franco, Ñacunday, San Cristóbal, Domingo Martínez de Irala, San Alberto, Mbaracayú, Minga Porá, Cedrales, Yguazú, Juan Emilio O’Leary, Juan León Mallorquín, Dr. Raúl Peña, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Tavapy y Santa Rosa del Monday.
La exposición de motivos apunta que, en ocasiones, no se tiene en consideración que los impactos de las represas van más allá del área directamente inundada por el embalse.
El proyecto indica que el porcentaje de compensación previsto es de 40% para la administración departamental; 40% a los municipios afectados, y a los municipios no afectados, el 20%.
El 80% de los ingresos de la Gobernación deberán destinarse a gastos de capital, y el 20% a gastos corrientes.