La presentación lo hizo a través de los abogados Stella Almirón y Francisco Ramírez, que cuestionan el acuerdo y sentencia 55 del 29 de julio del 2022, por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, integrado por los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas.
El fallo había anulado la resolución de los jueces Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Rubén Ovelar, que absolvió al acusado por duda.
El principal cuestionamiento de la defensa es que el fiscal de la causa planteó en forma extemporánea su recurso de apelación especial, pero esto no fue tenido en cuenta por el Tribunal de Apelación, que igual lo admitió.
Dicen que la resolución había sido notificada el 5 de mayo pasado, y que el 19 de mayo vencía el plazo para apelar. Sin embargo, la fiscala Diana Laterza promovió el recurso el 20 de mayo, un día después de vencer el plazo.
Además, también cuestiona que los camaristas hayan revalorizado las pruebas que se produjeron en el juicio oral, por lo que alegan que los mismos se extralimitaron en sus funciones.
Con ello, piden la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal de Apelación, y que confirme el fallo dictado en el juicio oral que le absolvió de culpa y reproche.
En la causa, la denuncia fue presentada por la firma Servitravel SA, por un supuesto perjuicio de USD 217.376.
Sin embargo, el Tribunal consideró que no se configuró la estafa debido a que la esposa del acusado, Elena Massagrande, transfirió un inmueble de mucho mayor valor a la citada firma. La denunciante habla de que hasta ahora el dominio del inmueble es controvertido.
La defensa sostuvo que la esposa firmó la transferencia asustada porque le dijeron que su esposo iba a ir preso, con lo que firmó un contrato de compraventa y un poder irrevocable para el presidente de la firma, Gustavo Díaz.
