El informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19 fue presentado ayer a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción por parte de diputados opositores, quienes además pidieron que sea trazada la ruta del cheque con el que fue pagado el adelanto de G. 17.000 millones a la firma de la familia Ferreira, ante sospecha de que pudo haberse utilizado como un soborno.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González dijo que lo que se quiere es aclarar si ese dinero fue para el pago de lotes de insumos y si existen otros implicados, además del clan Ferreira.
Indicó que el anticipo fue hecho mediante un cheque cruzado. “La Fiscalía debe pedir un informe a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y del Banco Nacional de Fomento (BNF) para que identifique en qué cuenta se depositó ese dinero, que sería como la cuenta madre, con movimientos de cuentas hijas, porque hay hipótesis de que ese anticipo era la coima. Con la trazabilidad se busca saber a qué bolsillo fue a parar”, sentenció la diputada.
Con ese informe, indicó González, se pretende confirmar que el pago fue para los insumos. “Que ese anticipo haya servido para pagar el producto chino, que se quedó en el mercado local, o se usó para pagar otras cosas. Esos G. 17.000 millones ellos tenían que usarlos para pagar productos vinculados a la licitación. Y no otra cosa. Por eso pedimos los movimientos de la cuenta”, explicó.
LICITACIONES IRREGULARES. El caso más polémico fue el de los insumos traídos desde Hong Kong, que el Ministerio de Salud había adjudicado a las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA. Pero el contrato fue rescindido a causa de las dilaciones en la llegada de los productos sanitarios, que tenían un costo total de G. 85.220 millones, más las irregularidades halladas tras su llegada.
Se pagó un adelanto de G. 17.000 millones para el primer lote. Pero las empresas tendrán que devolver este anticipo, más las multas por la demora y la póliza de garantía de fiel cumplimiento. Esto desembocó en una investigación que derivó en el sumario a siete funcionarios, entre ellos el ex responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones Pablo Lezcano.
El otro caso más sonado fue el hallazgo de 32 procesos irregulares revelados en el informe del coordinador de la Comisión de Supervisión de Compras Covid-19, Arnaldo Giuzzio, que apunta vicios administrativos. Por lo que se decidió la anulación de algunos de los 32 cuestionados.
Sin imputaciones
Hasta ahora, el Ministerio Público no formuló imputaciones en los dos casos de irregularidades referentes a las compras públicas de insumos médicos. La institución informó sobre un recuento de los esfuerzos en las investigaciones y citó los casos Dinac y Petropar. Para el primero, indica que siete son los imputados por lesión de confianza, incluyendo el ex titular Édgar Melgarejo. Se investiga la compra de 4.000 mascarillas a G. 29.990 cada una, y tapabocas a G. 29.990, que fueron sobrefacturadas. En el caso Petropar, señala que fueron imputadas 22 personas por lesión de confianza junto con la ex titular Patricia Samudio. La firma Solumedic SA proveyó 5.000 unidades de agua tónica a G. 5.000 cada una, también sobrefacturadas.
