Las afectadas Catalina Mallorquín de Ojeda y Gloria Severiana Ojeda Mallorquín presentaron la denuncia ayer bajo patrocinio de abogado ante la Fiscalía de Ciudad del Este. Ambas habían sido beneficiadas para el arrendamiento de dos inmuebles, supuestamente municipales, en el año 2016, por resoluciones 748/2016 y 391/2018 de la Junta Municipal, según la denuncia, pero fueron echadas de sus terrenos y sus viviendas destruidas en el marco de un sumario administrativo iniciado por la Municipalidad.
La verificación arrojó que los inmuebles que les habían sido arrendados seguían perteneciendo a un particular, identificado como Wanderlei Sehn. Pero la Comuna los arrendó y cobró el canon como terrenos municipales, según la denuncia.
Las adjudicaciones se registraron durante la presidencia en la Junta Municipal de Miguel Prieto, quien como intendente dispuso la recuperación del inmueble privado de la Municipalidad, según el escrito. Las dos mujeres señalaron que la propia Municipalidad les arrendó sus terrenos, estableció un canon para el efecto y percibió el pago por el arrendamiento, para luego por un sumario administrativo echarles del inmueble. Wanderlei Sehn había cedido a la Comuna un inmueble para área verde, en el mismo sector, pero los terrenos arrendados y luego recuperados por la Comuna siguen bajo su propiedad, según la denuncia.
En consecuencia, las afectadas pidieron el allanamiento del recinto municipal y la Junta Municipal para secuestrar y mantener bajo custodia los documentos que acreditarían su versión, a fin de evitar que sean modificados, además de pedir informes ante las instituciones registrales para saber a quién corresponden las fincas.
Los terrenos ubicados en el área verde también fueron arrendados por resolución de la Junta Municipal, que revocó todas, excepto las resoluciones 391/2018 y 748/2016, con la intención de subsanar la aberración que cometió, indica el escrito.
Ahora las víctimas quieren saber dónde fueron a parar los pagos indebidos percibidos por la Municipalidad, que ascienden a sumas multimillonarias, cobradas por arrendamiento de una propiedad privada, ya que los funcionarios sabían que los inmuebles no eran de la finca matriz, de donde fueron desalojados, según su versión.
La orden dictada por Prieto y ratificada por la jueza de Faltas Municipales refiere ordenar como medida de urgencia la recuperación de un bien de dominio público municipal-área verde, pero resultó ser un inmueble con cuenta corriente catastral diferente a la que pertenecía a las afectadas, según la denuncia.
