Referentes políticos y sociales manifestaron su posición sobre el caso de jueces y fiscales afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y que votaron en las internas partidarias, caso revelado mediante una investigación del diario Última Hora. En ese sentido, sostuvieron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debería considerar su remoción.
La abogada Esther Roa resaltó que la independencia de la Justicia es un principio constitucional, por lo que al defraudarlo, corresponde su destitución.
“Son síntomas que nos hacen concluir que el Poder Judicial y el Ministerio Público son sucursales o seccionales del Partido Colorado. La Constitución, el Código Electoral, el Código de Ética y las leyes de organización del Ministerio Público y Poder Judicial prohíben que jueces y fiscales estén afiliados y, por ende, que voten. Estos deben ser pasibles de sanciones severas que incluso ameriten remoción de los mismos ya que al violar un precepto constitucional se entiende que cometieron mal desempeño de funciones y por ende es causal de enjuiciamiento”, destacó.
No obstante, indicó que no tiene confianza en el sistema de Justicia, que con frecuencia blanquea los procesos.
“Como es natural en nuestro país, esto es noticia porque los medios sacan a la luz, sin embargo, dentro de seis meses, estos sumarios que se iniciaron rimbombantemente van a concluir con pequeños apercibimientos, lo cual significa seguir motivando a que sigan cometiendo estas barbaries jurídicas los jueces y fiscales”, aseveró Roa.
La senadora Desirée Masi por su parte indicó que no puede ni siquiera poner en duda la necesidad de que sean enjuiciados y pidió su destitución.
“La norma es clara. Prohibición expresa (de participar de actividades políticas). Estos jueces y fiscales que participan en movimientos y votaron en internas, no pueden seguir un minuto más”, sentenció.
La Ley 6814 del JEM señala en su artículo 14 que “constituye mal desempeño de funciones, que autoriza la remoción de jueces o de miembros de tribunales, agentes fiscales y defensores públicos, las siguientes causales: Ejercer el comercio, la industria o cualquier otra actividad profesional o cargos oficiales obligatorios o actividad política en partidos o movimientos políticos, como también el uso de distintivos e insignias partidarias”.
Colorados. La preocupación, sin embargo, es que el JEM tiene fuertes vínculos políticos y principalmente una hegemonía colorada.
De sus ocho miembros, cinco representan a la ANR, desde el mismo presidente, Jorge Bogarín, del Consejo de la Magistratura. Le siguen Mónica Seifart, también del Consejo; Hernán David Rivas, de la Cámara de Diputados; Enrique Bacchetta, de la Cámara de Senadores, y César Diesel, de la Corte Suprema de Justicia.
La Oficina de Ética de la Corte y el Consejo de Superintendencia abrieron una investigación a 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran los 30 que votaron. También a 43 camaristas afiliados, de los cuales cinco votaron.