Es decir, la ley sería modificada de forma transitoria para que 20% de los royalties que reciben municipios y gobernaciones sean destinados a la construcción de plantas de oxígeno, ante la emergencia por Covid y el faltante en hospitales. El planteamiento es que al menos 80% de los ingresos percibidos por las gobernaciones y municipalidades mediante la ley, sean dirigidos a gastos de capital y lo restante a gastos corrientes y capital, en tanto que estipula que el 20% obligatoriamente sea utilizado para producir oxígeno y equipamientos de salud.
El proyecto fue presentado por los liberales Carlos Silva, Pastor Vera, Roya Torres, Celso Kennedy, Andrés Rojas, Celeste Amarilla y Juan Manuel Ayala; también el colorado Basilio Núñez, el patriaqueridista Sebastián Villarejo y la encuentrista Kattya González.
En el texto se aclara que no se podrán contratar funcionarios con estos recursos y que la Contraloría General de la República controlará la ejecución de la ley. La normativa autoriza que las gobernaciones y los municipios apliquen el mecanismo de compra directa por vía de la excepción.
