El legislador con permiso Ulises Quintana, cuya prisión preventiva fue levantada ayer, debería asumir nuevamente mañana en la Cámara de Diputados, institución a la que solicitó permiso en setiembre del año pasado, justamente por verse imposibilitado de asistir a las sesiones.
Ante esta situación, el diputado liberal Édgar Acosta manifestó que se debe tratar el tema con prudencia, y que no se acepte la vuelta de Quintana antes de que los resortes judiciales terminen. Recordó que el Ministerio Público aún puede apelar la decisión emitida ayer por la jueza Magdalena Narváez.
“Hay que cuidar mucho las cuestiones de forma. Si la Fiscalía tiene un resorte para apelar, no debemos actuar de manera irresponsable”, remarcó.
En el mismo sentido se manifestó la encuentrista Kattya González, quien sostuvo que desde el punto de vista jurídico la resolución que libera al legislador colorado no está firme y todavía no termina el circuito, teniendo en cuenta el anuncio de apelación, y considera que es apresurado que la Cámara Baja tome la decisión de aceptar la reincorporación el miércoles.
González señaló que lo más prudente será que el tema de Quintana se trate primeramente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque es la Cámara de Diputados como institución la que se desprestigia con decisiones equivocadas.
Mencionó que el caso del dirigente colorado es un hecho sin precedentes, por lo que se debe analizar con cuidado. “Si vamos a guiarnos por su permiso, él (por Ulises) tiene que venir a sentarse y se acabó. Pero en cuanto al proceso que enfrenta es algo distinto”, aseveró.
La Fiscalía imputó a Ulises Quintana por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las investigaciones giran en torno al apoyo financiero que habría recibido Quintana durante su campaña electoral, además de la utilización de una camioneta propiedad de Reinaldo Cabaña, alias Cucho, y las conversaciones mantenidas entre ambos.
El Ministerio Público relaciona a Quintana con Cucho por una serie de llamadas interceptadas judicialmente en las que el diputado habría influido, en su condición pública, en la liberación de Diego Medina Otazú, secretario del presunto narco.
INVESTIDURA. Por su lado, el patriaqueridista Sebastián Villarejo se refirió a la situación de Quintana, especialmente en lo que respecta a la pérdida de investidura.
Recordó que en su momento su bancada ya había manifestado que otorgar un permiso no correspondía, pero que plantear una pérdida de investidura es complicado, debido a la postura de la mayoría de sus colegas.
Indicó que a diferencia del Senado, la posición en Diputados es que no se puede tratar la pérdida de investidura hasta que se cuente con un reglamento y que esa postura la van a seguir sosteniendo, lo que dificulta el tratamiento de cualquier pedido.
La cartista Rocío Abed de Zacarías asumió en lugar de Quintana y le dejaría nuevamente su banca.
