Una comitiva estuvo ayer en la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde públicamente solicitaron al ministro del interior, Arnaldo Giuzzio, y al comisario general comandante Francisco Resquín, que la Policía Nacional no ceda a las presiones políticas y hagan cumplir las órdenes judiciales, como debe ser en un Estado de Derecho, según señalaron.
El director policial, comisario general inspector Carlos Cáceres, afirmó que el desalojo se suspendió ayer porque una de las instituciones que debía acompañar el procedimiento no iba a poder enviar a sus funcionarios.
Caso. Uno de los casos se registra en la colonia Tape Yke, del distrito de Itakyry, donde un grupo de nativos encabezado por una brasiguaya, identificada como Marta Díaz de Goncalves ocupa un lote de 7 hectáreas, propiedad de la ex fiscala Liz Carolina Alfonso.
Desde el lugar, amenazan a los vecinos, quienes tienen que ceder a la extorsión y pagarles, para que no ingresen a su propiedad, causando zozobra, según lo revelado por Cayo Raúl Alfonso, cuyo padre Aniano Alfonso, excombatiente de la Guerra del Chaco, es uno de los pioneros en la colonia, según su versión.
Alfonso sostuvo que en el expediente judicial hay informes de Catastro, Registros Públicos y el Indert que señalan que su finca 2891 no está superpuesta con la finca 1628 de Itakyry, como alegan desde la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, organismo presidido por el senador Fulgencio Kencho Rodríguez, quien estaría detrás de la suspensión de los desalojos.