Esto se da luego de 4 años de haber sido imputado, ello a raíz de que el político colorado contaba con fueros y al dejar de ser parlamentario se quedó sin inmunidad, por lo que se pudo proseguir con las pesquisas pertinentes.
Según la acusación se detectó que la Gobernación poseía tres cuentas en el Banco Familiar con un movimiento de G. 11 mil millones. Estas cuentas eran utilizadas para pago de sueldos a funcionarios y concejales y gastos corrientes.
La investigación constató que los cheques emitidos por la Gobernación en estas tres cuentas corrientes “no tienen documentación alguna que respalden sus libramientos y por ende, las erogaciones”.
El Ministerio de Hacienda realizó las transferencias en agosto de 2011, totalizando la suma de G. 7.446.822.843 lo que corresponde como el perjuicio causado a la mencionada institución.
El ex legislador del sector cartista cuenta con otra causa por un presunto perjuicio total de más de G. 31 mil millones. En este caso se había ordenado su captura.